En 2006 promediaron 5.9; ahora alcanzaron 6.2, dice visitador que elaboró el informe

Este año las prisiones del país pasaron de panzazo, según reporte de la CNDH

Anuncia Soberanes que en 2008 la ONU supervisará la situación de la tortura y tratos crueles

Víctor Ballinas

En el libro Los derechos humanos de los reclusos en México, diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2007, el tercer visitador general de la CNDH, Andrés Calero Aguilar, subrayó que este año “las prisiones pasaron de panzazo al promediar 6.22 por ciento, cuando el año pasado estaban reprobadas con 5.92”.

Este diagnóstico presentado ayer por el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, y el tercer visitador Calero Aguilar contiene información de 247 centros de readaptación social, 30 por ciento más que los evaluados en 2006.

Soberanes Fernández destacó que de las 28 entidades estudiadas la calificación de este año, comparada con la de 2006, mejoró en 19 casos y disminuyó en nueve. Los incrementos más relevantes de mejoría fueron para los estados de Durango, Veracruz, Coahuila y San Luis Potosí y el empeoramiento de las condiciones de reclusión ocurrió en Guerrero, Baja California Sur y Sinaloa.

El ombudsman nacional subrayó que en 124 de los 188 centros evaluados la calificación fue mejor este año que el anterior; en dos centros se mantuvo y en 62 cárceles empeoró la situación. Entre estos últimos se encuentran los centros guerrerenses de Ayutla de los Libres, Tlapa de Comonfort, Argelia y Acapulco.

El presidente de la CNDH resaltó que las comisiones de derechos humanos de todas las entidades participaron en la elaboración de este diagnóstico; “cada comisión hizo su investigación y envió los resultados a la CNDH para que recopilara y evaluara la información”.

El diagnóstico señala que la situación jurídica de los internos en los penales del país tuvo una calificación de 5.16 por ciento; en este rubro se considera la división entre internos del fuero común y federal, con una calificación de 4.01 por ciento; separación de reclusos, en procesados y sentenciados, 5.51 por ciento; clasificación criminológica, 4.98; libertad anticipada, 6.14.

En derechos humanos que garantizan estancia digna y segura en la prisión este año el promedio nacional fue de 6.38 por ciento. Incluye atención integral, social, médica y sicológica (6.21 por ciento), condiciones materiales (6.08), higiene en los módulos (6.47), condiciones de la cocina (6.66), mantenimiento de la cocina (6.80), utensilios de cocina (6.54), condiciones del comedor (5.95), higiene del comedor (5.88), confianza de los internos para pedir audiencia a las autoridades, (6.82).

En el rubro 3, derechos humanos que garantizan la integridad física y moral de los reclusos, se tiene un promedio nacional de 5.72. Aquí se incluye el espacio para los internos, cuya calificación fue de 6.10, y ello se debe a que desde hace cinco años el sistema penitenciario mexicano presenta una sobrepoblación de casi 30 por ciento. Existen más de 200 centros penales sobrepoblados. Este fenómeno genera, se señala en el diagnóstico general, entre otros aspectos negativos extorsión, corrupción y violencia, debido a que los recursos disponibles no alcanzan para todos, no hay suficientes dormitorios, medicinas, alimentos ni opciones para trabajar y estudiar.

El hacinamiento en las cárceles no ha resultado únicamente de la sobrepoblación, sino también es producto de la inadecuada distribución de los espacios entre internos, con la existencia de los denominados privilegios. Esta situación incide en el aumento de las violaciones a los derechos humanos.

En este rubro, pero en el aspecto de segregación, el promedio nacional es 5.22; el diagnóstico precisa que los instrumentos internacionales aceptan el uso del aislamiento como práctica lícita a la que pueden recurrir las autoridades por razones disciplinarias, o por seguridad, pero precisa que no debe ser práctica habitual, ya que puede dar lugar a tratos crueles o inhumanos.

Señala el numeral 7 del diagnóstico que, de acuerdo con los principios básicos para el tratamiento de la reclusión, se debe tratar de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria. Y el punto 31 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos prohíbe como sanciones disciplinarias las penas corporales, el encierro en celda oscura, la sanción cruel, inhumana o degradante.

En cuanto a la higiene de los espacios de segregación, el promedio nacional de las cárceles fue de 5.85. Ese indicador se estableció, apunta el diagnóstico, por la importancia que tiene el mantener limpios y en condiciones adecuadas esas áreas, que regularmente tienen dimensiones reducidas en las cuales los internos permanecen periodos prolongados, que pueden ser hasta de 15 días.

En los derechos humanos que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas, el promedio nacional fue de 6.38. En este rubro casi todas las actividades registraron un incremento en beneficio de los internos. En los derechos humanos que garantizan la vinculación social del interno, el promedio nacional fue de 7.14; incluyen horario y días de visita íntima, cuya calificación fue 8.07; privacidad para dicha visita, 7.56; condiciones del área de visita, 6.67; higiene del área de visita, 7.02, entre otros.

Penales capitalinos

En la sesión de preguntas el tercer visitador dijo que en los penales del Distrito Federal los internos controlan el acceso a las celdas, “lo que no sólo es inaceptable, sino que propicia condiciones para el trato indigno y otras irregularidades. El recluso que fue encontrado muerto hace unos días se encontraba en un área que contaba con vigilancia especial, la cual no cumplía su cometido y es una desatención al reglamento”, añadió el visitador.

Soberanes anunció que el año próximo una comisión de la Organización de Naciones Unidas visitará el país para supervisar la situación de la tortura, y entonces ya no será la CNDH, sino la alta comisionada de las Naciones Unidas, quien llame la atención a las autoridades por los abusos en los casos de tortura y tratos crueles.