No habrá financiamiento ni subsidios para consolidar casas en zonas de riesgo: Conavi
México requiere invertir 60 mil mdp para atender la demanda de vivienda
Gobiernos de AL criminalizan esfuerzos de organizaciones de colonos, denuncian ONG
En los próximos cinco años el gobierno federal deberá invertir por lo menos 60 mil millones de pesos para atender las demandas de vivienda de la población de escasos recursos que perciben de uno a cinco salarios mínimos, dado que la meta es destinar, en 2012, el 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) para esta área, aseguró Carlos Gutiérrez Ruiz, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Destacó que en México al menos 4 millones de familias no cuentan con una vivienda propia, por lo que “deberemos generar en este sexenio 6 millones de créditos, ya sea para construir una vivienda nueva, adquirirla usada o en el modelo de autoconstrucción”.
Luego de inaugurar el Encuentro Nacional para la Producción y Gestión Social del Hábitat, convocado por el Conavi, organizaciones sociales y la Universidad Iberoamericana, señaló que actualmente se destina cerca de 3 por ciento del PIB a la construcción de vivienda, por lo que se buscará incrementar los recursos en dos puntos porcentuales.
Gutiérrez Ruiz, afirmó que las familias que perciban de uno a dos salarios mínimos requieren subsidios o financiamiento blando, “o incluso, en ocasiones, ni siquiera el financiamiento, sólo el subsidio, para luego pasar a otro segmento que va de dos a cinco salarios mínimos donde se pueden otorgar subsidios en tasas de interés”.
En cuanto al fortalecimiento de programas de subsidios como el denominado Esta es tu casa, informó que hasta finales de octubre pasado se atendió a 65 mil familias, y la meta es cerrar el año con cerca de 90 mil familias beneficiadas, mientras que en 2008 se espera atender a poco más de 105 mil, ya que se destinarán 4 mil 100 millones de pesos para el programa de subsidios.
Pobres, totalmente marginados
El funcionario insistió que el Conavi atenderá “fundamentalmente a un sector de familias que pueden pagar un crédito para vivienda, pero no les es suficiente, por tanto toma el crédito, les damos el subsidio, y así logran obtener una vivienda”, aunque reconoció que en México cerca de 10 millones de personas enfrentan condiciones de riesgo en sus viviendas por estar en mal estado o localizadas en antiguos lechos de ríos, laderas, cerros o zonas de minas.
Tras insistir en que la meta de esta administración es lograr desarrollos habitacionales sustentables y respetuosos del medio ambiente, afirmó que no habrá financiamiento ni subsidios para consolidar vivienda en zonas de riesgo o que no cuenten con el uso de suelo autorizado, por lo que advirtió que “no se apoyará la construcción de vivienda de riesgo”.
En contraste, representantes de organizaciones civiles destacaron que México aún carece de una política de Estado que garantice el derecho a una vivienda digna, e incluso, aseguraron se ha llegado a “criminalizar” a las familias de escasos recursos que están “totalmente marginadas del mercado inmobiliario que es realmente el que controla que se hace y cómo”, destacó Lorena Zárate, coordinadora de la Coalición Internacional Hábitat, región América Latina.
Agregó que estudios realizados por diversas organizaciones civiles y de colonos en Latinoamérica, revelan que en la mayoría de los países de la región, al menos “50 por ciento de la población está al margen de la economía formal y con ello del acceso a la vivienda formal, por lo que detectamos que de la formalidad a la irregularidad y de ahí a la ilegalidad hay un pequeño paso para las autoridades, por lo que se ha detectado un creciente modelo de criminalización de las organizaciones de colonos que demanda vivienda e incluso de las familias”.
Lo más preocupante, insistió, es que las acciones gubernamentales para el sector “simplemente ignoran el esfuerzo que realiza ese 50 por ciento de la población, y toman decisiones sin considerar ni valorar la enorme tarea que han venido realizando los propios colonos y los mecanismos de organización y fomento a la vivienda que requieren, por lo que no podemos hablar de un Estado que garantiza el derecho a la vivienda si ignora a la su población y sus esfuerzos”.