Defensores de los derechos humanos sostienen que la legislación contradice la Carta Magna
Revisará la Corte ley que endurece las penas contra menores en SLP
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará por primera vez la constitucionalidad de una ley local sobre menores, que contradice la reforma federal al sistema de justicia para jóvenes que creó un régimen especializado en la materia.
Los ministros analizarán seis artículos de la Ley de Justicia para Menores del estado de San Luis Potosí, la cual pretende aplicar de manera supletoria el código penal de la entidad cuando, de acuerdo con la reforma federal, los jóvenes deben ser sujetos de un procedimiento judicial específico de acuerdo con su edad.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad interpuso una acción de inconstitucionalidad (372006) en contra de los artículos uno, fracción primera; 4, 26, 52, 117 y 119 de la referida legislación, en los que se establece que la ley se aplicará a los menores de entre 12 y 18 años de edad a quienes se atribuyan o comprueben conductas tipificadas como delitos por el código penal del estado.
En caso de que el presunto delito no esté tipificado en la legislación para menores, le será aplicable el código penal y el código de procedimientos penales de la entidad, según la norma.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, los artículos impugnados son inconstitucionales, porque no son compatibles con la reforma constitucional que dio lugar a un nuevo sistema de justicia especializado para menores, con un sistema de aplicación en el que la internación de los menores tenga lugar únicamente cuando cometan conductas delictivas graves.
Cuestiona también que la legislación prevea que el internamiento sea de seis meses a 12 años, lo que viola el principio constitucional de proporcionalidad de la pena.
En este asunto, cuya discusión podría empezar hoy en el pleno, se prevé que la Corte confirme la inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos impugnados, pero se espera también que los ministros establezcan criterios definitivos en materia de justicia para menores, que sirvan de base a las modificaciones legales que sobre el tema están pendientes de realizarse en diversos estados del país.
Esto, porque la reforma constitucional instituyó desde 2005 la obligación de los estados de crear leyes locales sobre justicia de menores, lo cual aún no ha sido cumplido por todos los estados.