Servicios ambientales
Nos pagan para estar y no estar
Nos pagan para estar y no estar" fue la frase que un comunero zapoteca expresó en la comunidad El Ocotal Buena Vista, municipio de Lachiguiri, Oaxaca, cuando a su manera, trató de explicar su experiencia en la aplicación del programa "Pago de Servicios Ambientales". En esta comunidad decenas de campesinos cercanos a la reserva ecológica Cerro de Las Flores, se quedaron de un día para otro sin la posibilidad de trabajar sus acahuales, debido a que el trazo y delimitación de la zona de reserva incluyó de manera arbitraria sus áreas de cultivo.
"Que trabajen acahuales de cuatro años", fue la respuesta que recibieron de las autoridades de la Semarnat y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), cuando es bien sabido que en la agricultura tradicional milenaria de nuestro país, los acahuales de mayor periodo de descanso son los indicados para mantener el equilibrio ecológico y forestal de la montaña. El reducir el periodo de descanso y de ocupación de los acahuales no sólo pone en riesgo la fertilidad, la conservación del suelo y la diversidad, sino significa ampliar la zona de reserva limitando la gestión y manejo del territorio. Según las autoridades de la Conafor, está prohibido utilizar los acahuales de más de ocho años. Si algunos comuneros se inconforman con la delimitación de la reserva y quieren trabajar en la zona de conservación o amortiguamiento, tienen que pagar un Estudio Técnico Justificativo, presentarlo a las autoridad ambientales y esperar el dictamen, que implica, en el mejor de los casos, esperar dos años.
La política ambiental gubernamental dista mucho de ser una política justa y eficiente. La mayoría de las comunidades que entraron al programa Pago por Servicios Ambientales enfrenta dificultades en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en convenios que firmaron con la Conafor hasta por 5 años, o más. Las dificultades no provienen de las comunidades, sino del diseño, de las reglas de operación, de las medidas de inclusión y exclusión, y de los condicionamientos del pago de dicho programa.
Es insuficiente y sesgado el subsidio o pago de servicios ambientales en la modalidad de captura de carbono, que consiste en diversificar sombras en el cafetal o reforestar. Existen comuneros que reciben menos del 100 pesos anuales por comprar árboles frutales y plantarlos en el cafetal con la finalidad de diversificar la sombra. Tan sólo esta labor implica más de 30 jornales al año y si tomamos en cuenta que el costo del jornal va de 80 a 100 pesos en las regiones cafetaleras, podemos afirmar que el costo ambiental del café lo sigue subvencionando el trabajo de la familia campesina. Algunas de las mujeres que participan en el programa desconocen por qué les llega el pago tan bajo y se burlan del subsidio, al comentar que este pago sólo sirve para comprar el jabón que utilizan en lavar su ropa que se ensucia al ir a trabajar al cafetal.
Algunas autoridades agrarias han utilizado el pago para otros fines que no son conservar la zona de reserva, generando desinformación y confusión en la asamblea de comuneros. En el mejor de los casos, el recurso recibido se utiliza para el pago de jornales a comuneros de las comunidades cercanas a la zona de conservación, pero lo malo es que la exclusión que provoca este subsidio individualizado genera un proceso de exigencia interna para recibir el mismo apoyo económico, y en el peor de los casos, cambios en la cosmovisión, conocimiento y práctica del saber campesino en cuanto al manejo y cuidado de zonas de reserva territorial.
Para confirmar la ineficiencia de esta política ambiental, basta recorrer las comunidades y escuchar de ellas mismas, que no cuentan con la información completa del programa y desconocen las sanciones a las que serían acreedoras, si incurren en incumplimiento del convenio. Las sanciones según la autoridad ambiental, son "mínimas y simples": si una comunidad incurre en el incumplimiento del convenio, la autoridad ambiental denuncia el hecho ante la Profepa, retira el apoyo y la comunidad se ve obligada a regresar el monto otorgado en los años anteriores (entre 300 y 450 pesos por hectárea, según sea selva, bosque mesófilo, o bosque de pino encino). Hay comunidades que comprometieron una zona de más de 1 500 hectáreas.
Hay comunidades que han firmado por diez años el convenio, recibiendo una cantidad menor a la que correspondería por la totalidad de la zona de reserva comprometida. Los primeros cinco años son subsidiados con fondos gubernamentales, pero en una siguiente etapa se intenta que la comunidad tenga que vender el servicio ambiental a las empresas interesadas, como las embotelladoras, las turísticas o las cementeras. Esto implica entrar a la fase "el mercado de servicios ambientales". ¿Qué pasaría con las comunidades que comparten una misma reserva al tener que promover la venta de su servicio ambiental en un mismo mercado, como es el caso de la reserva ecológica Cerro de las Flores?
"Nos pagan para estar y no estar". La frase expresa los riesgos que las comunidades pueden enfrentar si no ocurre antes un proceso de reflexión desde la experiencia de comunalidad y el manejo de su territorio. ¿Será el pago a las comunidades por sus servicios ambientales el mecanismo más adecuado para tener una política ambiental, ecológica y culturalmente justa en nuestro país? Seguramente hay experiencias "exitosas", pero no puede ser esto un indicador suficiente para aplicar el mismo programa, sus reglas de operación y condicionamientos a la diversidad de contextos ecológicos, culturales y sociales de las zonas elegidas por los funcionarios para entrar al "pago de servicios ambientales".
Si bien la idea de conservar las montañas, y mantener una reserva territorial como área de uso común (ritual, medicinal, de recolección) es un práctica de las comunidades indígenas, el supuesto reconocimiento económico de esta práctica sin tomar en cuenta la integralidad de las comunidades indígenas y el tratar de empatarla con una política ambiental uniforme, es un camino que va directo al fracaso.
Desde la economía y la política ambiental de nuestro país, ahora "conservar" tiene precio, pero también tiene un costo, y sobre todo tiene un valor. Tratar de aplicar en un programa gubernamental estos tres conceptos, sólo es posible si está a cargo un necio que confunde o en el peor de los casos utiliza como sinónimos costo, valor y precio.
El fracaso de una política unilateral y desde arriba demuestra que tenemos que explorar como país la autonomía comunitaria y regional, la autoctonía ecológica, la participación de las comunidades en el diseño de las políticas y el reconocimiento integral de las comunidades indígenas y campesinas como la vía para generar una relación justa entre los colonos de la ciudad y las comunidades del campo en México.