Con la muerte de Pinochet los testimonios se multiplican
Surgen en Chile nuevas pruebas de la represión
Manuel Contreras, el militar de más alto rango sentenciado
El general Manuel Contreras, quien dirigió la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) en Chile aplicando las órdenes de exterminio del dictador Augusto Pinochet, es el militar de más alto rango sentenciado por la justicia chilena. Actualmente purga una condena que ha acumulado, hasta ahora, 136 años de cárcel, pero puede aumentar. Testimonios recientes, presentados ante las autoridades judiciales por testigos que guardaron silencio en vida del general Augusto Pinochet, han añadido nuevos delitos a la larga serie de hechos que lo condenan.
El Mamo Contreras, como le llaman, está recluido en el penal Punta Peuco, que parece más un resort cinco estrellas, exclusivo para oficiales del ejército, enclavado en la cordillera de Andes, con piscina, parque natural, televisión de cable e Internet. Cada año, para Navidad, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Óscar Izurieta, le envía pasteles y regalos. El año pasado se lució. Según informes de prensa, el militar le regaló a su ex jefe una trotadora para que haga ejercicio en su celda-suite.
Apenas el año pasado, al general Miguel Eduardo Trincado, quien figuraba en la terna para suceder en el cargo a Izurieta, le tocó dirigir la parada militar con la que el pinochetismo celebra cada 11 de septiembre el golpe militar. Pero en diciembre, enterrado Pinochet, su escudo protector perdió poderes. Y hoy está preso. Fue detenido hace un mes, cuando la Corte de Antofagasta logró reunir pruebas suficientes en su contra por su participación en el caso conocido como Operación Televisoras, que consistió en hacer desaparecer, incinerando o arrojando al mar, centenares de cadáveres de opositores ejecutados ilegalmente por el régimen castrense. Él cumplió la orden del alto mando entre 1977 y 1978.
Junto con él fue detenido el párroco del elegante barrio santiaguino de Las Condes, Exequiel Jorquera, quien fue, en los años después del golpe, capellán del regimiento de Calama, una de las “estaciones” de la conocida como “Caravana de la muerte”. Por este caso fue que se instruyó el primer proceso penal contra Pinochet. En el cuartel de Calama fueron fusilados 26 detenidos sin sentencia ejecutoria el 19 de octubre de 1973. Varios de estos inclusive tenían sentencias menores y debían ser liberados en breve. Al sacerdote Jorquera Molina se le juzga como encubridor de decenas de asesinatos de los cuales fue testigo presencial. Durante el proceso, confesó haber participado en la exhumación de los cadáveres, para ocultarlos ante la búsqueda de sus familiares.
Entre los testimonios más valiosos presentados ante las cortes en los tiempos recientes está el de un testigo protegido, un campesino que desde joven había sido mocito en la casa de Manuel Contreras y que fue empleado civil de la Quinta Región militar, comuna de San Antonio, cuartel de Tejas Verdes. A la muerte del dictador, fue a presentarse a la comisaría y en una sola declaración testimonial dio fe –con nombres y apellidos– de 60 oficiales y suboficiales involucrados en el conocido como Caso de la Calle Conferencia, uno de los expedientes históricos de la querella contra Pinochet.
Se trata de la desaparición de la cúpula del Partido Comunista en mayo de 1979: Jorge Muñoz, marido de la dirigente histórica Gladys Marín; Mario Zamorano; Elisa Escobar; Jaime Donado y Uldarico Donaire, todos de la comisión política del PC. Más tarde también fue desaparecido Víctor Díaz, fundador de la Central Única de Trabajadores, quien sustituyó a Luis Corbalán en la dirección del PC. El antiguo mocito dio detalles de cómo los detenidos fueron llevados a una casa de seguridad de la Dina, ubicada en la calle Simón Bolívar 8000, cerca de la casa del general Contreras, donde fueron exterminados con gas sarín, inyecciones de cianuro o asfixiados con bolsas de plástico. El testimonio coincide con la confesión de una oficial, actualmente presa, que inyectó dosis letales a varios de estos detenidos que después fueron arrojados al mar. Otra confesión más, la del suboficial José Pichun Man, agregó un detalle más del horror de esos años. Él admitió ser el encargado de quemar con soplete los rostros y dedos de los ejecutados para evitar su identificación. Y relata también la muerte a patadas de Fernando Ortiz, el dirigente del PC, quien sustituyó a Víctor Díaz después de su desaparición. Fue tan brutal la golpiza que uno de los ejecutores relató que se quebró una pierna pateando a la víctima.
Con Pinochet en el cementerio, nuevas revelaciones se suceden. Es, según el abogado Eduardo Contreras, un momento esperanzador. “Algo avanzamos, algo recuperamos”, dice el jurista. Concluye: “El tema de los derechos humanos se instaló definitivamente en la agenda de la política nacional. Nadie puede desconocer hoy los crímenes contra la humanidad que se cometieron y la responsabilidad que en ellos cabe a las fuerzas armadas y a los grandes grupos económicos. El asunto de la justicia o impunidad es un parteaguas insoslayable.”