Ya no existen las condiciones del priato que permitían poner y quitar gobernadores, dice
En Oaxaca, el gobierno estatal violó derechos humanos: Castro Lozano
Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicio a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció ayer que en Oaxaca hubo violaciones a los derechos humanos, pero justificó la permanencia del gobernador Ulises Ruiz con el argumento de que en México ya no existen las condiciones del priato, que permitían quitar y poner mandatarios.
Añadió que México es una República y que el Presidente no puede retirar gobernantes, porque violaría el artículo 40 constitucional, que dice que los estados son libres y soberanos en su régimen interno.
En la época de la hegemonía priísta -apuntó-, "era facilísimo resolver el problema. El presidente decía: Ulises, renuncia o te va a ir como en feria. Tú sabes a lo que te atienes. Y al día siguiente el gobernador renunciaba. Así lo hicieron Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo con (Oscar) Flores Tapia (ex gobernador de Coahuila), pero lamentablemente vivimos en un régimen federal".
"Señalamientos infundados"
Por la noche, el gobierno de Oaxaca reprobó las declaraciones "desafortunadas e imprudentes" de Castro Lozano.
"Rechazamos señalamientos infundados y dolosos en los que se ponga en duda la autonomía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también aquellos donde se emitan juicios a priori que buscan confundir a la opinión pública", manifestó el secretario técnico del Poder Ejecutivo oaxaqueño, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.
Exigió a la PGR aclarar el sentido de las declaraciones del subprocurador y exhortó a los funcionarios federales a conducirse con respeto a las instituciones de las entidades federativas, así como a abstenerse de hacer declaraciones irresponsables que puedan perjudicar la coordinación que debe privar entre los diferentes niveles de gobierno.
Al dictar -en la Secretaría de Gobernación- una conferencia sobre la democracia en México y los derechos humanos, el subprocurador explicó que el Senado no tiene facultades para desparecer poderes, sino sólo para declarar que ya no existen.
En el caso de Oaxaca, consideró que ni el Ejecutivo ni el Legislativo ni el Poder Judicial pueden hacer nada para obligar a Ulises Ruiz a que se vaya.
Explicó que en el supuesto de que se iniciara un juicio de procedencia en contra del mandatario, si la Cámara de Diputados encontrará elementos en su contra, tendría que mandar su resolución al Congreso oaxaqueño para que éste resolviera el caso.
"Y Oaxaca, como Durango, es todavía un estado donde el gobernador manda al Congreso y al Poder Judicial", subrayó, luego de señalar que en este tema la decisión se encuentra en manos del PRI en términos legales.
En su larga ponencia dijo que coincide con la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, en torno a que México padece "esquizofrenia" en materia de derechos humanos. "La esquizofrenia -expresó-, es una enfermedad por la cual se desdobla la personalidad.
"Hay una doble esquizofrenia. Primero, ¿se excedieron las autoridades del estado de Oaxaca? Sí. ¿Violaron derechos humanos? Sí. ¿Afectaron propiedades de muchos ciudadanos oaxaqueños que no tenían nada que ver con el pleito los señores de la APPO? ¿Qué no vimos los camiones incendiados? ¿No vimos los explosivos que manejaban?", preguntó.
El ex consejero jurídico de la Presidencia manifestó estar de acuerdo con las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, en relación a que en Oaxaca hubo excesos de ambos lados, es decir, tanto de la APPO como de las autoridades estatales.
Para que impere el estado de derecho, señaló, se requiere que la autoridad sancione a los funcionarios que se excedieron y que catearon sin orden judicial, y que también se castigue a los líderes de la APPO que afectaron libertades, propiedades y derechos.
Recordó en este sentido que la Corte tiene facultades para investigar si hubo violación grave a las garantías individuales. Su decisión no vincula, pero tiene un gran peso moral, que en todos los casos en los que lo ha hecho, las autoridades involucradas han tenido que renunciar.
En su ponencia, el panista dijo no saber si el gobernador Ulises Ruiz cometió o no delito, pero si así fuera, expuso que hay ilícitos que tardan largo tiempo en prescribir y que en cualquier momento se puede integrar una averiguación previa.
Por otra parte, defendió a Diego Fernández de Cevallos y a todos los legisladores que al mismo tiempo litigan. Se pronunció por la apertura energética y por gravar el consumo para aumentar la recaudación fiscal.
Para concluir se refirió al Informe presidencial y pidió que se realice conforme a lo marca la legislación secundaria, la cual prevé un mensaje del jefe del Ejecutivo.