El ministro Silva Meza seguirá a cargo de la investigación del caso Lydia Cacho
Aprueba la Corte lineamientos para indagar violaciones graves a garantías
Los resultados no serán jurisdiccionales o procesales, y respetarán derechos de involucrados
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó los lineamientos y reglas mínimas a que deberán sujetarse las comisiones que investiguen presuntas violaciones graves a las garantías individuales, y sus resultados no podrán ser "jurisdiccionales o procesales". El acuerdo general avalado por los ministros pone "especial atención" en el respeto al marco constitucional y a "los derechos fundamentales de todos aquellos sujetos que pudieran estar involucrados" en la averiguación, es decir, de los presuntos responsables.
Asimismo, el pleno determinó que el dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza sobre el caso Lydia Cacho sea considerado "informe preliminar"; que él continúe con la segunda etapa de la investigación y que notifique al gobernador de Puebla, Mario Marín, y a otros funcionarios involucrados en la violación de los derechos humanos de la periodista, sobre los señalamientos que existen en su contra para que hagan uso de su derecho de audiencia y argumenten lo que a sus intereses convenga.
Una vez que Silva Meza tenga respuesta de los funcionarios, elaborará un nuevo proyecto que se espera sea presentado al pleno a mediados de septiembre próximo.
Ayer, después de tres sesiones privadas, el pleno de la Corte aprobó las reglas generales mínimas a que deberán sujetarse, en todos los casos, las comisiones respectivas en el ejercicio de la facultad de investigación previsto en el artículo 97 constitucional, "a fin de dar certeza y uniformidad a dichas investigaciones", como dijo el ministro Sergio Valls en conferencia de prensa.
Después de rechazar que hayan recibido presiones para limitar la actuación de las comisiones investigadoras, el ministro que redactó el proyecto de acuerdo general sostuvo que lo que hizo el pleno fue "reglamentar el artículo 97, párrafo segundo de la Constitución".
Valls declaró que el pleno había acordado no permitir en las investigaciones la intervención de comunicaciones privadas -como en el caso Lydia Cacho, cuando un juez federal autorizó al ministro interceptar durante una semana el teléfono de los funcionarios poblanos investigados-; sin embargo, otros ministros consultados rechazaron que la Corte se haya pronunciado al respecto y recordaron que en el caso de la periodista el mandato fue recopilar todos los elementos de prueba que fueran necesarios, con el apoyo de las autoridades correspondientes.
Trascendió que a pesar de la férrea oposición del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el pleno determinó que Silva Meza continúe con el caso Lydia Cacho.
Esto se hizo manifiesto al determinar que cuando un ministro encabece una comisión, una vez que concluya la primera etapa de recopilación de informes, hechos y testimonios, y el pleno determine que continúe una segunda etapa para determinar si hubo o no violación grave de garantías y la responsabilidad de las autoridades, el mismo ministro sea quien elabore el proyecto.
Aguirre pretendía que un ministro dirigiera la primera etapa de la averiguación -apoyado por magistrados o jueces de distrito- y que otro elaborara el dictamen final.
El acuerdo general precisa que la Corte no hará recomendaciones sobre posibles sanciones a funcionarios responsables de violar gravemente las garantías individuales; pero cabe precisar que en el informe elaborado por Silva Meza, en el que señala que el gobernador de Puebla, Mario Marín, es responsable de haber violado los derechos de Lydia Cacho, no se pedía juicio político contra el funcionario, sino que se informara a las autoridades correspondientes para que actuaran en consecuencia. Esto se mantiene sin cambio, pero el pleno será más estricto al determinar si hubo violación de garantías y en el señalamiento de presuntos responsables.
En otro orden, la Corte aprobó integrar una comisión investigadora -encabezada por un ministro- para el caso Oaxaca, y que otro reciba los datos recabados sobre Atenco por los magistrados comisionados para que elabore un informe preliminar y, si hay elementos, el dictamen definitivo.
Finalmente, Valls desautorizó las declaraciones de hace unos días del ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, a la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, de que la Corte está abierta para recibir los testimonios o pruebas que tenga ese organismo sobre el caso de Oaxaca.