Las dependencias cada vez más optan por declarar la "inexistencia" de la información
Insuficiente y limitada la transparencia gubernamental, afirman investigadores
El acceso a los documentos del quehacer gubernamental, al amparo de sla Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), es un derecho constitucional que enfrenta diversas limitaciones e intrincadas trabas burocráticas, legales, terminológicas, además de ser ejercido por un reducido número de mexicanos.
A esas desventajas se aúna la resistencia de alguna de las 240 dependencias gubernamentales a informar y rendir cuentas precisas sobre el destino del presupuesto federal, así como el costo exuberante que pueden cobrar a un ciudadano para darle acceso a las fotocopias de los expedientes (incluso personales) solicitados: más de medio millón de pesos, el equivalente al valor de un automóvil Mercedes Benz.
Pese a que Vicente Fox hizo durante su gestión una apología de "los avances democráticos" obtenidos con la promulgación de la LFTAIP -en febrero de 2005 pregonó que con esa ley en México "se han llenado de luz los rincones" donde antes se escondió la corrupción e impunidad, en alusión a 70 años de regímenes priístas-, a cuatro años de su entrada en vigor y de la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) es aún "insuficiente y limitada" la transparencia gubernamental.
A esa conclusión llegaron diversos estudiosos del tema, investigadores y juristas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de otras instituciones académicas e integrantes de organizaciones no gubernamentales, en una documentada evaluación sobre el acceso a la información, donde dan testimonio de las dificultades que han atravesado para obtener datos del gobierno federal, por ejemplo sobre el ejercicio del presupuesto federal, derechos humanos y el proceso electoral de 2006.
Como se consigna en el volumen Derecho a saber, balance y perspectivas cívicas, coeditado por el Woodrow Wilson Center y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el talón de Aquiles del gobierno federal no sólo es la falta de claridad, transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos del erario -que son públicos, porque provienen de la población y de los bienes que pertenecen a la nación-, sino también la transferencia de esos recursos a otros órdenes de gobierno, como los que se entregan a estados y municipios para educación, salud, infraestructura y demás rubros, así como de los ingresos que obtiene la administración pública federal.
Helena Hofbauer, de Fundar, destaca sobre el tema que durante el gobierno de Fox la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "año tras año convenientemente subestimó los ingresos que obtendría por la venta del petróleo mexicano en el mercado internacional". Y aunque rindió cuentas a la postre, "de manera incompleta", en el momento en que los recibió no hizo mención de ellos. Esto le dio "manga ancha a la hora de disponer de los recursos excedentes".
Lo mismo ocurre con los beneficios fiscales que grandes empresas han recibido del gobierno federal, el cual mantiene en secreto los montos que dejan de pagar al fisco -tan sólo 16 compañías adeudaban este año 105 mil millones de pesos en impuestos diferidos-, bajo el amparo del secreto bancario.
"No poder acceder a esta información, que tiene un impacto directo en la población en general, pone en desigualdad ante la ley a distintos ciudadanos", enfatiza Hofbauer, quien destaca que en cambio sí se obliga a un beneficiario de Oportunidades a revelar a cuánto asciende su beca.
Cabe señalar que sobre los temas sensibles, las dependencias cada vez más optan por declarar la "inexistencia" de la información o recurren al fácil expediente de la "reserva" o "clasificación".
Expedientes de $579 mil
Otro forma de negar el derecho a la información, pero "grosera", consiste en incrementar el costo de las copias hasta hacerlo inalcanzable, afirma Miguel Sarre Iguíniz, experto independiente del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Convención de las Naciones Unidas.
Sarre narra el caso de un solicitante que requirió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) copia simple de seis expedientes de queja, compuestos por seis mil 229 páginas. A pesar de que la CNDH estaba obligada a expedir estas copias, porque así lo establece su reglamento -se trataba de violaciones graves-, argumentó que antes tenía que analizar, fotocopiar, compulsar y testar la documentación para resguardar los datos personales. Apoyada en ese argumento, refiere Sarre, la CNDH determinó que el costo aplicable al caso no era el de las copias simples, como se le solicitaron (50 centavos por copia), sino el de la elaboración de "certificaciones" o "constancias", cuyo costo se elevó a 93 pesos por cada página, lo cual arrojó la cantidad de "579 mil 297 pesos".
Estas situaciones también ocurren con las dependencias gubernamentales, por ejemplo, para conocer las auditorías que sobre la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) realizó la Secretaría de la Función Pública, sólo de los años 2002 y 2003, este diario tuvo que desembolsar casi 4 mil pesos, aun cuando se trata de información en la que están implicados recursos del erario y es obligación de esa dependencia informar al respecto.
Necesarios, conocimientos especializados
Para acceder a la información gubernamental se requiere además conocer el lenguaje oficial; el organigrama de las unidades responsables; el nombre de los programas y, de ser posible, tener el mayor acopio de datos específicos sobre el tema requerido. Como indican Fox y Lobby Haight, coordinadores del volumen Derecho a saber, junto con Hofbauer y Tania Sánchez, el IFAI y las asociaciones civiles tuvieron que elaborar manuales "bastante accesibles" que explican el procedimiento de una solicitud de información. Esto, porque para "cursar una solicitud de información, exitosamente, hay que contar de antemano con una buena cantidad de información y tener una idea acerca de qué es lo que se está buscando. Se trata del clásico dilema del 'huevo o la gallina'". Esta dificultad, incluso lingüística, hace menos accesible este derecho a grupos indígenas, marginados y otros.
Quizá sea por ello que los solicitantes de información -que además tienen que pasar otras complicaciones para llenar sus solicitudes- se circunscriban a un reducido grupo. Aun cuando el IFAI ha reportado que las solicitudes se han incrementado en más de 100 por ciento de 2003 a diciembre de 2006 (periodo en que se presentaron 163 mil 156 solicitudes), Hofbauer consigna que en ese lapso 60 mil 900 usuarios hicieron 159 mil 100 solicitudes de información. De ese total, 99 mil solicitudes correspondieron a 8 mil 500 usuarios, la mayoría de la zona metropolitana del país. Esto significa que "casi dos terceras partes de las solicitudes están concentradas geográficamente y correspondiente a una población que tiene mayor acceso al lenguaje y conocimiento de las estructuras del gobierno federal que ninguna otra en el país".