La dependencia informa que recibió el expediente de la investigación que hizo la SFP
Analiza la PGR encausar a Muñoz Leos por desvío de fondos de Pemex
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que ya recibió de la Secretaría de la Función Pública (SFP) el expediente de la investigación que ésta realizó contra Raúl Muñoz Leos y Juan Carlos Soriano Rosas, ex director y ex abogado de Petróleos Mexicanos (Pemex), respectivamente, quienes fueron encontrados responsables de quebranto a la paraestatal por mil 724 millones de pesos.
La SFP confirmó que ambos fueron encontrados responsables de violaciones a diversos ordenamientos legales, por lo que a cada uno impuso una sanción económica de 862 millones 259 mil 470 pesos, e informó que ya les notificó de su inhabilitación del servicio público por 10 años.
Agregó que el expediente 24/2007 y el resultado de sus investigaciones ya están en poder de la PGR, a la cual corresponde analizar la información y con base en ella determinar si inicia averiguación previa.
Funcionarios de la SFP consultados por La Jornada indicaron que esperarán la impugnación de los ex funcionarios -que cuentan con 10 días hábiles para hacerlo, ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa- y a que concluya este recurso legal para dar a conocer públicamente el contenido del expediente que les abrió.
Ayer, durante un encuentro con reporteros, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, informó que la "vista" y el expediente apenas fue entregado a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que se encargará de analizar y determinar si se inicia la averiguación previa.
Esta podría ser la segunda ocasión en que un ex director de Pemex es llevado ante jueces federales para responder por el desvío de recursos y la entrega de éstos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ya que la primera ocurrió en 2002, cuando se destapó el denominado Pemexgate tras descubrirse que ilegalmente, en 2000, se entregaron a la dirigencia del gremio mil 100 millones de pesos para la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa.
Se debe recordar que en 2002, cuando Francisco Barrio Terrazas, titular de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, órgano antecesor de la SFP, señaló que iba tras la detención de "peces gordos", ya el expediente contra Rogelio Montemayor Seguy y otros seis altos funcionarios de la paraestatal estaba en fase de integración, el caso se había encargado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y la PGR tenía a dos personas sujetas a arraigo.
En esta ocasión, la SFP determinó la inhabilitación de Muñoz Leos y Soriano Rosas, así como multar a cada uno con 862 millones de pesos, pero mantiene abierta la posibilidad de que el Ministerio Público determine que no cometieron delitos de carácter penal.
Como en 2000 -con la diferencia de que esta vez no se menciona que los recursos entregados al STPRM se hayan utilizado para financiar campañas políticas-, la SFP acreditó que los funcionarios de Pemex entregaron recursos de manera indebida al sindicato sin la autorización del consejo de administración y fuera de las normas que rigen a la paraestatal.
En lo que se refiere a la investigación realizada por lo sucedido en 2000, la SFP determinó en mayo de 2005 que seis ex funcionarios, entre ellos Montemayor, incurrieron en diversas irregularidades al entregar fondos públicos mediante maquinaciones destinadas a encubrirlos y desviarlos, supuestamente para cubrir prestaciones de los trabajadores de la paraestatal.
Por esa razón, en 2005, la SFP sancionó con 2 mil 842 millones 299 mil 492.16 pesos e inhabilitó para ocupar algún cargo en la administración pública federal a los seis ex funcionarios.
Pero en el ámbito penal, las investigaciones por lo sucedido en 2000, en cuanto hace a lavado de dinero, no prosperaron, y los señalamientos de delitos electorales no lograron ser acreditados.