Usted está aquí: sábado 14 de julio de 2007 Opinión Dignidad frente al temor

Miguel Concha

Dignidad frente al temor

Un grupo de alrededor de 40 militares, pertenecientes al 14 Regimiento Motorizado del Ejército, que custodiaban las instalaciones de la junta distrital del IFE en el tercer distrito de Coahuila, irrumpió salvajemente el 11 de julio de 2006 en la zona de tolerancia de Castaños, y a mano armada aterrorizó y robó a decenas de personas, entre administradores afectados, clientes y taxistas que llegaban al lugar, agrediendo también brutalmente a 13 policías de ese municipio. Por lo menos 20 de ellos ultrajaron y violaron a 14 mujeres sexoservidoras y bailarinas de los salones El Pérsico y Las Playas, algunas de las cuales fueron atacadas tumultuariamente. Los hechos quedaron parcialmente descritos en el oficio PM/946/2006 de la policía municipal de Castaños, y desde el año pasado constan en las averiguaciones previas PGJE-APP-78/06 y PGJE-APP-79/06 del Ministerio Público del fuero común, pues se presentaron al menos 12 denuncias por violaciones sexuales y otra por robo y lesiones, esta última interpuesta por el dueño del bar El Pérsico.

Por si fuera poco, en una prolongada verificación ocular, realizada por el juez segundo de primera instancia en materia penal, hasta la noche del pasado 26 de marzo de 2007, las mujeres agraviadas identificaron a sus violadores y confirmaron sus denuncias. No obstante los evidentes contubernios entre las autoridades civiles y militares para disimular los hechos, restarles gravedad o dejarlos impunes, la procuraduría estatal consiguió acreditar la participación de 12 uniformados, gracias sobre todo a la presión social estatal, nacional e internacional.

En agosto del año pasado la Procuraduría Militar entregó a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila a sólo ocho de ellos, pues se dice que tres de los elementos identificados por las víctimas están prófugos, y otro fue dejado en libertad por falta de pruebas, a causa del "testimonio" de uno de sus jefes, que afirmó desde la cárcel que su subordinado no se encontraba en el lugar de los hechos. Lo que en este caso sí tuvo más valor que la identificación primera de la mujer víctima de sus agresiones.

Pues bien, el pasado miércoles la diócesis de Saltillo dio a conocer un pronunciamiento, en el que su obispo, el dominico fray Raúl Vera López -quien al enterarse de los hechos acudió a la zona de tolerancia de Castaños y pasó varias noches hablando con víctimas, policías, cantineros y autoridades-, expresa entre otras cosas que parece inverosímil que a un año de ocurridos esos atropellos, el juez Hiradier Huerta no haya todavía reunido los elementos suficientes para acreditar el alto grado de responsabilidad que tienen los militares, y denuncia el alto grado de hostigamiento constante a que han sido sometidas las mujeres ultrajadas, para desdecirse de sus denuncias.

En conferencia de prensa el obispo agregó ese día que después del sonado caso de Ernestina Ascensión Rosario en Zongolica, dos de ellas ya se retractaron ante una autoridad, y en su pronunciamiento afirma que hasta el momento no se sabe qué valoración hará ahora sobre esto el juez del fuero común. Demanda por ello, con razón, que al emitir sentencia, se piense en la justicia y se actúe conforme a la ley, no en virtud de "los intereses que surgen de pactos políticos entre grupos de poder". Recuérdese en efecto que cuando el procurador del estado, Jesús Torres Charles, requirió el año pasado al Ejército a los presuntos responsables de las violaciones, para confirmar mediante exámenes periciales su culpabilidad, éste se negó, a pesar de que los dictámenes médicos exhibían que en los ataques a las mujeres hubo violación propia (con el miembro viril), impropia (con objetos), en vaso idóneo (por vía vaginal) y no idóneo (anal y oral).

Recordando atinadamente la actuación misericordiosa de Jesús con una pecadora pública, que mostrándole su afecto rescata su dignidad frente al presuntuoso y mal pensado fariseo Simón, reportada en el capítulo 7, versículos 38 a 46 del Evangelio de Lucas, en su pronunciamiento el obispo pide de manera ejemplar a su feligresía que con visión cristiana no se deje llevar por prejuicios que califiquen a las mujeres trabajadoras de salones como El Pérsico y Las Playas, y condicionen su ánimo para no exigir también ellos "un juicio que repare la injusticia que los militares cometieron".

Como Jesús con la mujer adúltera, el obispo alaba a estas mujeres por su solidaridad con toda la sociedad, y por anteponer su dignidad al miedo que imponen los militares: "Nuestras hermanas sexoservidoras y bailarinas -dice-, desde la conciencia de la propia dignidad han sacado fuerzas para denunciar a los militares, sobreponiéndose al miedo que en ellas han podido provocar las amenazas y los hostigamientos de que han sido objeto. Con ello han mostrado su amor al resto de la sociedad, porque su silencio hubiera dejado en la impunidad y en la libertad a sus agresores, en perjuicio de todos nosotros, pues la impunidad los hará creer que nadie los puede frenar y que es válido todo lo que se les ocurra para obtener lo que quieren, aunque sea por medios ilícitos y delictivos".

 
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