El Estado no conoce ni reconoce la problemática interna, advierte el organismo

CEJIL: México sólo asume la defensa de los derechos humanos en el exterior

El silencio del Poder Judicial en torno al fuero militar avala las violaciones del Ejército

EMIR OLIVARES ALONSO

Los derechos humanos en México continúan siendo vulnerados, pero más preocupante es aún que el Estado mexicano "no reconozca" esta problemática, además de que muestra un desconocimiento en la materia, aseguraron Viviana Krsticevic y Soraya Long, directora general y directora para América Latina del Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL).

En entrevista con este diario, las especialistas refirieron que en nuestro país aún persisten la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y la violencia contra la mujer, "elementos que colocan a México como un país contradictorio, pues mientras a escala internacional es un paladín de los derechos humanos, en su realidad interior no hay cambios sustanciales en la materia".

Luego de concluir una visita al país, en la que se reunieron con organizaciones y autoridades mexicanas, insistieron que en México son "recurrentes" las violaciones de las garantías fundamentales y que las autoridades no actúan como se espera ante fenómenos como el feminicidio, la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones arbitrarias y la jurisdicción militar. "Estos son temas que marcan a México en el sistema interamericano", señalaron.

Destacaron que hay otros "focos rojos" que son igualmente preocupantes, como la discriminación de los pueblos indígenas, la situación de las personas que han sido privadas de su libertad, los derechos vulnerados de la niñez y las distintas violencias contra la mujer.

"México es un país contradictorio, pues en el exterior muestra su interés por los derechos humanos; incluso ha ratificado los principales instrumentos internacionales en la materia. Sin embargo, no existen en realidad cambios sustanciales en las prácticas que conllevan a las violaciones de esas garantías. La pregunta es por qué la política exterior mexicana no impacta a escala nacional", destacó Long.

Las activistas subrayaron que el reconocimiento de que existen esas violaciones sería un paso importante para garantizar la integridad de los derechos humanos; sin embargo, advirtieron que el Estado mexicano "tiene la percepción de que eso no pasa; no hay reconocimiento del Estado sobre estos temas".

Ningún interés oficial

Durante su visita, las especialistas se reunieron con autoridades mexicanas, a las que "no notamos con deseo de cambiar la situación, debido a su desconocimiento sobre los temas. Cuando no se aceptan los hechos es muy difícil generar cambios".

Agregaron que otra preocupación del CEJIL es que bajo el argumento del federalismo el gobierno trata de deslindarse de su responsabilidad como autoridad central. Así sucedió en Oaxaca y ahora ocurre en Chihuahua: "México se olvida que es un Estado, que tiene responsabilidades y compromisos internacionales como Estado unitario".

Otro tema que genera preocupación para el organismo internacional es la propuesta de reforma del gobierno de Felipe Calderón con la cual se criminaliza la protesta social. Al respecto, Krsticevic aseguró: "El combate al crimen tiene que realizarse tomando en cuenta las manifestaciones y el derecho de reunión, no utilizando medios indebidos ni reprimiéndolas; serían inaceptables las detenciones arbitrarias, las torturas, las ejecuciones y las desapariciones".

Sobre las denuncias de que efectivos militares violaron sexualmente a mujeres en Michoacán, las especialistas agregaron que este tipo de casos demuestra los riesgos de no ofrecer garantías mínimas a la ciudadanía respecto de los abusos cometidos por el Ejército.

"No hay argumentos válidos, incluida la seguridad nacional o el combate a la delincuencia, que puedan justificar que un soldado viole sexualmente a una ciudadana; sin embargo, el Poder Judicial mexicano y el fuero militar avalan de alguna manera los abusos cometidos por el Ejército, al someter a la jurisdicción castrense esta serie de hechos que no tienen vinculación con el servicio del Ejército.

"Es fundamental que haya un cambio radical de política desde los poderes Judicial y Legislativo para impedir que se amparen en el fuero militar violaciones a las garantías fundamentales de los ciudadanos, en particular los de mujeres", señaló la directora general del CEJIL.