No se respetó derecho de audiencia al gobernador poblano, determina el pleno
Rechaza la Corte proyecto que culpa a Marín de violar derechos de Lydia Cacho
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, no se le respetó su garantía de audiencia, por lo que rechazó el proyecto del ministro Juan N. Silva Meza que responsabiliza al funcionario de violar gravemente las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, y por ello recomienda al Congreso determinar la procedencia del juicio político en su contra.
Sin embargo, el pasado 28 de mayo, durante su comparecencia ante la comisión investigadora del caso, que encabezó Silva Meza, Marín le dijo que su presencia obedecía a que se le señalaba como presunto responsable de encabezar una acción concertada "con el propósito específico de castigar" a la periodista, quien había denunciado la existencia de redes de pederastia y pornografía infantil.
Como consta en el expediente, en esa comparecencia Silva Meza atendió formalmente las reglas de protocolo inherentes a su investidura; informó al gobernador el objeto de la misma, en el sentido de que tenía la finalidad de "recibir la declaración del licenciado Mario Plutarco Marín Torres, en su carácter de gobernador constitucional del estado de Puebla, en relación con los hechos que motivaron a la SCJN a acordar favorablemente la solicitud de ejercicio de la facultad de investigación promovida por las cámaras de Diputados y Senadores".
Según el expediente, dichas indagatorias consisten en determinar la existencia de un posible concierto de autoridades del estado de Puebla para violar los derechos fundamentales de Lydia Cacho Ribeiro, y si hay hechos que, a su vez, pudieran constituir violaciones graves de garantías individuales en perjuicio de la niñez mexicana.
Silva Meza dijo al funcionario: "señor gobernador, le informo que su presencia obedece a que, por una parte, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, brinde su colaboración, con el fin de que aporte datos que conduzcan al esclarecimiento de la verdad y esta diligencia sirva para que exprese lo que a su derecho convenga".
Pese a ello, Marín se negó a responder a un cuestionario de 15 preguntas sobre los señalamientos en su contra.
Asesorado por sus abogados Fabián Aguinaco (hijo del ex presidente de la Corte José Vicente Aguinaco Alemán) y Alonso Aguilar Zinser, el mandatario estatal se limitó a entregar su postura en un escrito de 96 páginas. También aprovechó para dejar varias cajas con documentación y pruebas que consideró pertinentes.
Silva Meza concluyó que "el gobernador de Puebla en todo momento tuvo, ha tenido y tiene conocimiento de la investigación constitucional", por lo que no se puede afirmar que se violó su garantía de audiencia.
De acuerdo con el informe elaborado por el ministro, Marín no es ajeno a los hechos que se le imputan, porque el 2 de junio de 2006 compareció ante la primera comisión investigadora que creó la Corte, integrada por los magistrados Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín, a quienes también por escrito les señaló: "he decidido dejar constancia escrita de mi posición en torno a los hechos materia de la investigación ordenada por el honorable pleno de la SCJN, dentro del expediente de solicitud de ejercicio de facultad de investigación".
Es decir, el argumento de la mayoría de ministros de que no aprueban el dictamen de la comisión investigadora porque no se cumplió con la garantía de audiencia es "insostenible", subrayaron fuentes judiciales.
Por otra parte, la comisión elaboró un reglamento para evitar cualquier suspicacia o que los comisionados se excedieran en sus funciones. Por tal razón, se estableció que las 117 entrevistas que realizaron los comisionados con funcionarios y personas particulares fueran videograbadas.
Con la decisión de rechazar el proyecto de dictamen de la comisión y aplazar el asunto, en la Corte se estima que pasarán varios meses para que el pleno retome el tema, porque los ministros primero tienen que aprobar un reglamento para analizar si la investigación ya realizada cumplió los parámetros establecidos, luego deben nombrar una nueva comisión investigadora y establecer la forma en que se garantizará el derecho de audiencia exigido por Marín.