Organizaciones de la otra campaña realizarán caravana de observación en la zona
Muertes por la disputa de tierras en Ixtlán, Oaxaca, evidencia ineptitud de funcionarios
Los acontecimientos en el municipio zapoteca de San Miguel Aloápam, en el distrito de Ixtlán, Oaxaca, donde dos personas resultaron muertas el pasado 18 de junio a causa de un conflicto agrario entre la cabecera municipal y la comunidad San Isidro Aloápam, ha desnudado la ineptitud, que muchos observadores consideran mala fe, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
Días antes de los hechos, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) advirtió públicamente sobre el riesgo de violencia, debido a la beligerancia de las autoridades municipales priístas, encabezadas por el edil Fidel Alejandro Cruz Pablo. De nada sirvieron las advertencias, pues este lunes llegaron centenares de hombres armados y en estado de ebriedad al predio conocido como Iyu Ziuni (reservado de común acuerdo para la conservación del bosque) con la intención de derribar una gran cantidad de árboles, presuntamente infestados por el gusano descortezador.
Las autoridades judiciales han aprovechado el lamentable incidente para arremeter contra el CIPO-RFM, en particular contra la dirigente Dolores Villalobos Huamatzi, a la que se acusa de ser "autora intelectual" de la muerte de Matildio Santiago Méndez y Arturo Chávez, ambos de San Miguel. Cinco pobladores de San Isidro fueron capturados por los de San Miguel, conducidos a la presidencia municipal y torturados brutalmente ("hasta que casi perdieron el sentido", según testimonios). En esas condiciones se les extrajo una "confesión" que inculpa a Villalobos Huamatzi y al CIPO-RFM.
Según las autoridades de San Isidro, un grupo de campesinos "subieron al monte para iniciar un diálogo por la 'no tala' de árboles, al cual la gente de San Miguel respondió de manera violenta, insultando, golpeando, deteniendo a cinco compañeros y uno más al día siguiente, y disparando con armas de fuego a hombres y mujeres, por lo que los compañeros corrieron para protegerse de los disparos que hacían los de San Miguel, resultando muertas dos personas. A partir de estos hechos se han desencadenado una serie de difamaciones hacia la comunidad de San Isidro, inculpándolos de haber matado a la gente de San Miguel. Se sabe que los únicos que llevaban armas de fuego eran los de San Miguel. Se sabe también que la comunidad de San Miguel es asesorada por grupos priístas, para detener a la gente con las mismas prácticas en que se han dado contra el movimiento social que se vive en el estado".
Los colectivos Vocal y Todos Somos Presos, además del propio CIPO, desmienten que el consejo "sea una organización con grupos violentos, ya que lucha por la libre autodeterminación de los pueblos y es adherente a la otra campaña; por ello la lucha que camina es completamente civil y pacífica". Responzabilizan a los gobiernos municipal, estatal y federal de lo que pueda suceder a Dolores Villalobos Huamatzi, a la organización CIPO-RFM y a la población de San Isidro.
Las organizaciones de la otra campaña en Oaxaca llaman a una caravana de observación, que saldrá de la capital del estado el próximo día 25 rumbo a San Isidro Aloápam, para "respaldar a la comunidad ante las acusaciones que se le han fabricado, recolectar víveres y observar la situación de los derechos humanos dentro de la población", cuyos accesos están bloqueados por la gente de San Miguel, "y se temen más detenciones".
Desde el día de los hechos están presos Juventino Cruz Pérez, Juana Morales Pérez, Eutimio Méndez López, Anastacio López Pérez y Artemio Pérez Cruz, capturados por los de San Miguel. Al día siguiente fue apresado Santos Pérez Cruz. Los demás, afirma la autoridad de San Isidro, "como pudimos rodamos tras las lomitas para salvarnos; a Eutimio Méndez le dieron con una hacha un golpe en la cabeza, por lo que se lo llevaron muy mal herido. Ahora resulta que nos quieren culpar de los muertos, a los que les alcanzaron los balazos que ellos mismos de San Miguel dispararon, aun sabiendo que la gente de los dos pueblos estaba revuelta en ese momento, y cómo entre ellos, los de San Isidro éramos unos cuantos". Insisten en que iban desarmados, y que los de San Miguel los superaban por mucho numéricamente.
El conflicto entre ambas comunidades data de 1982, cuando San Isidro fue excluido ilegalmente de la titulación del predio boscoso hoy en disputa. A sabiendas de ello, las delegaciones de Conafor y Semarnat autorizaron a San Miguel cortar árboles en el área también llamada Cerro Nariz, lo cual desencadenó los acontecimientos del lunes pasado.