Los ataques a civiles en Sinaloa y Michoacán confirman fracaso de la estrategia
Desprestigia el Ejército su imagen al participar en lucha antinarco: PRD
El Congreso desconoce todavía el alcance de la ayuda "negociada" con Washington
Pese a la respuesta "irrespetuosa" de Felipe Calderón al llamado que formuló la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para retirar al Ejército de las labores de combate al narcotráfico y el crimen organizado, el PRD mantendrá dicha exigencia, pues la experiencia en el país revela que las fuerzas armadas se siguen desgastando, advirtió el senador Graco Ramírez Garrido Abreu.
El legislador del sol azteca resaltó que el asesinato de una familia en Sinaloa (incluidos tres menores de edad) y las violaciones de dos adolescentes en Michoacán, hechos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en los que están involucrados militares) confirman la preocupación de los partidos políticos ante la presencia permanente del Ejército Mexicano en aquellas entidades donde opera el narco.
Integrante de la Comisión de Defensa del Senado, Ramírez Garrido deploró la respuesta "irrespetuosa" que expresó Calderón al llamado del Congreso, al "insinuar que los legisladores estamos del lado de los delincuentes".
A juicio del senador, los hechos de violencia y la transgresión de derechos humanos en los que se han visto involucrados los militares pueden multiplicarse, con el consecuente deterioro y desprestigio de una institución como el Ejército.
"En el PRD no vamos a ceder, e insistiremos las veces que sean necesarias para que cese ese uso excesivo y abusivo que Calderón hace de las fuerzas armadas (...) Los operativos han sido un fracaso y los cuestionamientos al papel del Ejército son cada vez mayores", señaló.
Por otra parte, Ramírez Garrido adelantó que el próximo miércoles presentará ante la Comisión Permanente la iniciativa para crear la unidad especial de combate a la delincuencia organizada, un cuerpo de elite cuya función primordial será combatir a la delincuencia organizada.
Detalló que en dicho organismo podrán participar elementos del Ejército, "pero sólo como coadyuvantes y en labores de inteligencia".
El senador perredista insistió en que la creación de este cuerpo especial representa una salida al problema creado por el propio jefe del Ejecutivo, al dejar que las fuerzas armadas asuman la tarea de perseguir a los capos de la droga y a otros miembros del crimen organizado.
Exigen información al Ejecutivo
Asimismo, dijo que el PRD sigue a la espera de que el gobierno federal informe a la brevedad al Congreso sobre las negociaciones que ha entablado con autoridades de Estados Unidos acerca de un eventual incremento del apoyo que brinda Washington en materia de combate al narcotráfico y el crimen organizado.
Reveló que funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores le notificaron en días pasados que ya se prepara la información requerida por la Comisión Permanente desde el pasado miércoles.
Sobre este mismo tema, el grupo parlamentario de Convergencia propuso que se exija al gobierno federal información precisa sobre el sistema de intercepción de comunicaciones que el Departamento de Estado estadunidense entregó a la Agencia Federal de Investigación.
Se trata de un equipo que incrementa la capacidad de las autoridades federales para intervenir llamadas telefónicas y correos electrónicos, cuyo costo asciende a 3 millones de dólares.
"No conocemos los detalles de la operación, pero sí sabemos, porque lo confirmó una funcionaria de la oficina de narcóticos del Departamento de Estado, que se trata de un programa financiado por Estados Unidos", precisó el diputado Alejandro Chanona.
Reiteró que el Congreso desconoce hasta ahora si el gobierno de George W. Bush tendrá acceso a la información generada a partir del espionaje telefónico, pero se sabe por el embajador Arturo Sarukhán "que se trabaja con los estadunidenses para incrementar la cooperación mediante el intercambio de (datos de) inteligencia en tiempo real".
La situación preocupa todavía más a los legisladores, dijo Chanona, "a la luz de las iniciativas del Ejecutivo federal para reformar la Constitución y permitir que se intervengan teléfonos sin autorización expresa de un juez".