Pero ¿hubo alguna vez una "burguesía nacional"?
El gran cambio ideológico operado por el reformismo neoliberal fue el desplazamiento del sujeto del desarrollo histórico. Para todo fin práctico, la nación, el pueblo, la ciudadanía, incluso el ciudadano y el Estado que lo representa, se sustituye por el "individuo", pero no por cualquiera, sino por el emprendedor-capitalista a cuyas espaldas se puso la carga del desarrollo, hasta entonces responsabilidad del Estado. El viraje a la derecha se confirma cuando la propiedad privada, que en el derecho constitucional mexicano es una concesión del Estado, que está sujeta en todo momento a las "modalidades que dicte el interés público", se transforma en los hechos en "un derecho natural" intocable, de cuya protección superior depende la "confianza" y, en definitiva, la hipotética modernización del país. No en balde la derecha salta cuando cree que la Suprema Corte de Justicia de la nación le devuelve sus fueros a la "rectoría del Estado", la cual, en rigor, nunca dejó de figurar en el texto constitucional.
La resolución de la Suprema Corte disparó las alertas reaccionarias contra la vuelta de los "estadólatras", una advocación anterior del peligro "populista" que amenaza a México, siempre según la saga anticomunista en cuyas claves se pretende borrar la historia y refundar el Estado liberal-"empresarial", es decir, la utopía de tintes oscuros y raíces muy reaccionarias abanderada por Vicente Fox y el yunquismo recalcitrante.
La fobia contra el estatismo no es, por tanto, el reconocimiento de la ineficacia burocrática o una reacción ante la corrupción administrativa de las empresas públicas (de la que se han beneficiado a muchos privados) sino, sobre todo, la animadversión contra una disposición constitucional que permite al Estado, en nombre de la nación, introducir elementos de planeación, modalidades de articulación entre las distintas esferas de la producción y el consumo sin cuestionar jamás el derecho de los privados a ejercer libremente la función empresarial.
Sin embargo, aunque la historia desmiente que el Estado posrevolucionario tuviera entre sus planes abolir el capitalismo, la derecha mexicana siempre actúa como si esa revolución cupular fuera eminente. Pero las proclamas contra la intervención del Estado en la economía, la educación y otras materias de similiar trascendencia (tan abundantes como exageradas en el oposicionismo conservador del siglo XX) no dicen que el mismo orden jurídico y político por ellos criticado es el que les ha permitido hacer negocios con los gobiernos y crecer como clase, estos es, como una fuerza nacional dispuesta a llevar su propia visión al Estado en su conjunto. En otras palabras: crecer, ellos sí, bajo la protección de gobiernos autoritarios, que en los hechos anularon las garantías individuales y las libertades públicas.
Aliados naturales del pensamiento conservador de la vieja y resentida derecha católica, estos presuntos adalides de las libertades, el bien común y la democracia encuentran asideros ideológicos muy importantes cuando en Estados Unidos y en Europa se impulsa el nuevo modelo neoliberal. La crítica al estatismo se convierte en dogma de fe "democrático", sin hacer las distinciones pertinentes entre los estados que han abolido la propiedad privada, como la Unión Soviética, y aquellos donde cierto intervencionismo ha favorecido, justamente, la economía capitalista, como es el caso mexicano.
La reforma del Estado para reducir el tamaño del "Estado propietario" (una aberración, sin duda) promovida por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, ante un PRI confuso y ciego, en crisis y, por ende, incapaz de cuestionar las verdaderas "reformas estructurales" puestas en marcha, permitió a los grupos empresariales -reflejados en el espejo panista- darle viabilidad a la coalición formada por la alta tecno-burocracia oficialista, los grandes capitalistas y la oposición blanquiazul, que gracias a dicho compromiso pasó de ser la válvula de escape de las clases medias para convertirse en una opción de poder apoyado por la elite económica y financiera dentro y fuera del país.
Dicha coalición hoy está en Los Pinos, ya no dirigida por el PRI, que fue derrotado, pero igualmente sostenida por los poderes fácticos que llevaron a Fox a la Presidencia e instrumentaron las campañas en contra de Andrés Manuel López Obrador, primero para sacarlo del juego; después para descalificarlo y anular la opción que él representa. Vanos esfuerzos. La coalición antiestatista, sin embargo, tiene problemas muy serios para gobernar, pues el impulso "modernizador" que llevó a la integración del país se ha terminado, dejando una estela de desigualdad, dislocación social, degradación de la vida comunitaria y un puñado de grandes capitales que, lejos de formar una "burguesía nacional", piensan en el país como un coto privado desde el cual expandirse.
El país, la ciudadanía, han cambiado y poco a poco, junto con notorios retrocesos, hay algunos avances, entre ellos la resolución de la Suprema Corte, saludable no sólo por impedir (legalmente, al menos) el atraco que ya se había consumado, sino por recordarnos que la rectoría del Estado no es una entelequia y que, por consiguiente, la necesidad de mantener vivo dicho concepto constitucional es un requisito para comenzar a imaginar una salida a la crisis en la que nos hallamos. Depende, claro, de quién y cómo lo haga funcionar.