Usted está aquí: lunes 7 de mayo de 2007 Sociedad y Justicia Detecta la ASF subejercicio de más de $292 millones por parte de la Sedeso

Revela que las entidades que recibieron más recursos son gobernadas por el PAN

Detecta la ASF subejercicio de más de $292 millones por parte de la Sedeso

Señala que existe una probable malversación por más de 12 millones 258 mil pesos

ALMA E. MUÑOZ, ENRIQUE MENDEZ

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en 2005 en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) hubo un subejercicio en el Programa de Adultos Mayores en Zonas Rurales de 292 millones de pesos, en detrimento de 139 mil 48 personas, y un "probable daño o perjuicio al patrimonio de la hacienda pública federal por 12 millones 258 mil 400 pesos", al entregar apoyos monetarios a 5 mil 838 individuos que "no fueron población objetivo".

Además, advirtió que con los casi 300 millones de pesos que durante ese año operó la dependencia por medio de dicho esquema, tres entidades gobernadas por Acción Nacional -junto con Nuevo León, en poder del Revolucionario Institucional- registraron el mayor número de localidades atendidas, en comparación con 2003, por encima de Chiapas, Veracruz y Oaxaca -de los estados más pobres del país.

Sobresale el caso de Yucatán, por los cuestionamientos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha hecho al gobierno federal, acusándolo de enfocar el uso de programas sociales en esa entidad, donde el 20 de mayo habrá elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Ese estado registró un crecimiento de 330 por ciento en el número de comunidades asistidas hace dos años, comparado con dos ejercicios atrás, según los reportes de la ASF.

El órgano fiscalizador comprobó que hace dos años el presupuesto para el programa de ayuda ascendió en realidad a 592 millones de pesos y no a 300 millones, como se argumentó de manera oficial. En enero de 2005, el programa recibió una ampliación de 292 millones, pero la Sedeso no los distribuyó, al utilizar como excusa la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal, cuando la Cámara de Diputados le modificó al entonces presidente Vicente Fox el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), de ese año, para reasignar recursos no contemplados dentro de las áreas sociales.

La ASF encontró que la dependencia transfirió parte de ese dinero (144.1 millones de pesos) a otros instrumentos de combate a la pobreza, y que el resto (147.9 millones) los envió al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, establecido en el PEF, dentro del ramo 23.

Por lo anterior, pidió al órgano fiscalizador de la Sedeso fincar responsabilidades administrativas a los servidores públicos que no realizaron el ajuste al gasto público de entonces, perjudicando a miles de personas susceptibles de ser integradas al padrón, y a quienes efectuaron las transferencias de recursos a otros programas, pese a que el artículo 49 del PEF establece que la responsabilidad recae en los titulares de las dependencias sujetas de observación.

Argumentó que la "Sedeso propició el subejercicio de los 292 millones de pesos", al mantenerlos en "reserva hasta octubre de 2005, es decir, hasta que tuvo los primeros resultados del operativo para la aplicación de la encuesta de información socioeconómica que realizó en el año de análisis".

Ello provocó, indicó la ASF, que los objetivos del programa se redujeran "54.5 por ciento, aproximadamente", considerando que esa cantidad "permitía la atención de 139 mil 48 beneficiarios adicionales a los 115 mil 993 contemplados".

Asimismo, determinó que la dependencia "programó la entrega de 364, mil 295 apoyos", lo que significó una "disminución de 48.6 por ciento, en relación con los 709 mil 149 entregados en 2004, pese a contar con un incremento presupuestal" que le permitía hacer uso de 592 millones de pesos en el año en cuestión.

Es más, dijo que la secretaría "no identificó con precisión a la población objetivo" del plan de asistencia, como tampoco contó con "criterios definidos de manera oficial y documentada, para determinar la distribución equitativa de beneficiarios por entidad federativa".

Dicho esquema, afirmó el órgano de la Cámara de Diputados, operó en "216 localidades que no cumplían con los criterios para ser atendidas", por ser "urbanas o sin clasificación del nivel de marginación del Consejo Nacional de Población". Allí distribuyó 12 millones 258 mil 400 pesos a un total de 5 mil 838 personas, con lo cual incurrió en el probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal.

También detectó que 75 mil 62 adultos mayores que cumplían con los requisitos para ser sujetos de apoyo no fueron incorporados a las listas correspondientes, "no obstante que existía suficiencia y disponibilidad presupuestal para su atención, lo cual se demuestra con el hecho de que el programa ejerció solamente 289 millones 176 mil 600 pesos, que representa 48.8 por ciento de los 592 millones autorizados".

Dio cuenta, además, que en las "copias de los expedientes" de beneficiarios hubo 20 personas menores a los 60 años. Los datos de sus credenciales de elector, dijo, "son diferentes a los que aparecen en las actas de nacimiento".

En su informe, la ASF, aseguró que el proceso de selección de localidades con apoyos del plan de ayuda se realizó de manera "limitada, ya que de las 80 mil 637 susceptibles de ser atendidas, por cumplir con los criterios de elegibilidad, el programa sólo tuvo presencia en 10 mil 82".

Citó como los estados con mayor crecimiento en este rubro, en comparación con los reportes de 2003, a Yucatán, con 330 por ciento; Nuevo León, con 219.6 por ciento; Colima, con 166.7 por ciento; Querétaro, con 128.6 por ciento, y Jalisco, con 112.2 por ciento. En tanto, Chiapas registró un aumento de 14.1 por ciento; Veracruz, de 10.6, y Oaxaca, 9.9 por ciento.

La instancia legislativa también cuestionó que la Sedeso enviara a los beneficiarios del plan de asistencia -adultos mayores de 60 años, con residencia en localidades con menos de 2 mil 500 habitantes, en situación de alta marginalidad y carentes de otro tipo de apoyo federal- carteles con información nutricional, como establecen las reglas de operación, pero obviando que 62 por ciento "no sabe leer ni escribir".

 
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