Editorial

Migración bajo fuego

El pasado primero de mayo, decenas de miles de personas en Estados Unidos se manifestaron en favor de una reforma migratoria integral y en contra del muro que se construye en la frontera con México. A pesar de que marcharon en paz, la policía de Los Angeles arremetió con singular e inexplicable violencia contra la multitud, en la que había mujeres y niños, empleando gases lacrimógenos, balas de goma y garrotes.

La brutal represión en Los Angeles fue tan sólo uno más de varios hechos de violencia que los migrantes sufrieron en los últimos días. El jueves se registró un intento de incendiar un centro de trabajo de jornaleros en Gaithersburg, Maryland, al parecer por parte de grupos xenófobos. Asimismo, el primero de mayo, un hombre armado, supuestamente integrante de la organización antimigrante Minutemen, fue detenido durante una marcha de unos mil participantes por las calles de Washington. Estos sucesos son una señal de la creciente tendencia a agredir a los trabajadores indocumentados: intimidaciones, amenazas, insultos, golpizas y hasta secuestros se están convirtiendo en realidades cada vez más frecuentes para ellos.

Simultáneamente, la Casa Blanca se apresta a celebrar el cinco de mayo, fecha que se ha vuelto una importante fiesta para todos los hispanos en Estados Unidos. Sin embargo, esta importancia sólo figura en los discursos y no en los hechos de la administración Bush.

El crecimiento de esta ola de xenofobia y racismo contra los latinos en Estados Unidos no es sólo producto de iniciativas aisladas: se alimenta de una deliberada política de Washington que criminaliza a los inmigrantes y que se ha traducido en violencia institucional contra ellos. El otorgamiento de mayores poderes a la Patrulla Fronteriza para contener la migración, la facilidad e impunidad con la que sus agentes pueden matar a indocumentados, una agresiva campaña mediática contra los inmigrantes, y las redadas y deportaciones de los últimos meses -que han provocado una atmósfera de terror y amenazan con dividir a familias enteras- han derivado en un clima de agresión contra los latinos. ¿Cómo evitar esta forma de violencia si las propias autoridades de Estados Unidos son sus principales auspiciantes?

Esta situación también es en parte posible porque el movimiento hispano no ha podido darle más fuerza y peso a sus reivindicaciones a causa de una grave falta de cohesión y unidad: así, las marchas del primero de mayo reunieron a un número inferior de personas que las movilizaciones del año pasado en el contexto de las discusiones sobre una reforma migratoria.

Por su parte, el gobierno mexicano persiste en su mutismo ante las violaciones a los derechos humanos que padecen sus ciudadanos en suelo estadunidense, en vez de protegerlos, como es su obligación constitucional.

Queda claro que, ante esta ola de agresiones, es urgente recuperar los aspectos de derechos humanos de la migración y cerrar el paso a una violencia que sólo puede contaminar el debate y la convivencia sobre un tema vital para ambos países: la cuestión migratoria no puede ser encarada como un problema de seguridad nacional, ya que se trata más que nada de un asunto económico.