Número 130 | Jueves 3 de mayo de 2007
Director fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Directora general: CARMEN LIRA SAADE
Director: Alejandro Brito Lemus


De todas las causas de discriminación social, las derivadas por motivo de las preferencias sexuales son las más arraigadas y extendidas, pero paradójicamente son las menos visibles y documentadas. Lo mismo sucede cuando el motivo de la discriminación es el cambio de género de las personas. Los pocos datos recabados en varias encuestas así lo revelan. No hay conciencia social del daño que se infringe a la dignidad de la persona por la violencia, la discriminación y el rechazo que se ejerce a diario contra hombres y mujeres homosexuales y contra las personas transgéneros.

Para dar visibilidad a este problema, desde hace tres años las organizaciones civiles Demysex y Letra S han lanzado la propuesta de que se decrete en nuestro país el 17 de mayo, día en que la OMS en 1990 borró a la homosexualidad de su lista de enfermedades, como el Día Contra la Homofobia. La propuesta ha encontrado respaldo en varias instituciones y organizaciones civiles del país, que han enviado cartas a la Presidencia de la República solicitando la promulgación de dicho día, y se aprestan a realizar eventos públicos durante esa jornada como se han venido haciendo en los dos años anteriores.

Por su parte, en noviembre de 2006 la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo exhortando a todos los niveles del poder ejecutivo para que lo decreten y promuevan. A esta exhortación se sumó el pasado mes de abril la Asamblea Legislativa del DF.

Hace falta toda una labor pedagógica para acabar con todo tipo de discriminación, y en particular para disminuir los efectos perniciosos que la homofobia provoca en el grupo más discriminado de la sociedad: las y los homosexuales y las personas transgéneros. En el entendido de que la homofobia se erige como un obstáculo en el acceso a los servicios públicos, en particular los de salud, y para el ejercicio de la justicia. Es decir, se revela como una barrera que le impide a un grupo de la población alcanzar la ciudadanía plena.

Por lo mismo, es de esperar que el gobierno de la Ciudad de México se ponga una vez más a la vanguardia y sea el primero en decretarlo.