El ex mandatario busca evitar ser fichado y que se le haga un estudio de personalidad
Decidirá el juez Jesús Luna sobre la petición de amparo de Luis Echeverría
"No cualquier matanza puede considerarse genocidio", declaró el magistrado en 2005
El ex presidente Luis Echeverría Alvarez, acusado de genocidio por su presunta responsabilidad en la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968, solicitó ayer el amparo de la justicia federal para recuperar su libertad, y pidió una suspensión definitiva que le garantice no ser fichado ni sometido a un estudio de personalidad durante el tiempo que permanezca sujeto a proceso penal desde su domicilio.
Se trata del primer juicio de garantías que se inicia en tribunales mexicanos a petición de un ex mandatario de la República acusado de un delito grave.
Por sorteo, la demanda fue turnada al tercer tribunal unitario penal del primer circuito, a cargo del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien hace más de un año declaró a este diario que no cualquier matanza en nuestro país puede considerarse un genocidio.
"Para que en términos generales se tipifique ese delito de lesa humanidad, se requiere la extinción de un género humano, de una etnia, grupo racial, nacional o religioso. El hecho de que alguien mate a unas 10, 20 o 30 personas no significa que su conducta necesariamente vaya encaminada a exterminar a uno de esos grupos, sino que puede tratarse de un acto de intimidación contra unos cuantos, tal vez con exceso de violencia", dijo el magistrado a La Jornada en una entrevista publicada el 3 de julio de 2005.
El juez Luna precisó en esa ocasión que su opinión no se refería a los casos específicos de las matanzas del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, sino en términos generales, ya que "no puedo prejuzgar sobre temas que después podría tocarme analizar como juzgador".
Casi dos años después, la suerte hizo que el magistrado Luna Altamirano esté obligado a estudiar la primera demanda de amparo promovida por un ex presidente de la República, la cual implica el análisis de tres aspectos.
Puntos clave
El primer punto a revisar es si ya prescribieron los hechos violentos registrados en Tlatelolco hace 38 años; el segundo, si la matanza de la Plaza de las Tres Culturas fue un acto genocida y, tercero, determinar si efectivamente, como lo alega Echeverría, no hay elementos de prueba suficientes para inculparlo por supuesto genocidio.
En tanto, fuentes judiciales consultadas revelaron que en las próximas horas el titular del tercer tribunal unitario admitirá la demanda de amparo de Echeverría y le concederá una suspensión provisional contra la orden de que sea fichado y sometido a un estudio de personalidad.
Como ayer lo informó en exclusiva este diario, los penalistas Juan Velásquez y Heraclio Bonilla, defensores del ex presidente, acudieron el miércoles a la oficialía de partes común de los tribunales unitarios de la ciudad de México para interponer la demanda de amparo, la cual consta de 23 páginas.
Básicamente, en el documento se alega que el supuesto genocidio que se imputa a Echeverría prescribió en abril de 2006, tres meses antes de que se librara la primera orden de aprehensión domiciliaria contra el inculpado.
Además, la demanda de amparo plantea que la matanza del 2 de octubre de 1968 resultó de un fuego cruzado entre elementos del Ejército y francotiradores (del Batallón Olimpia), ese enfrentamiento, que dejó como saldo 38 muertos, no fue un acto premeditado por Luis Echeverría que buscara el exterminio de un grupo nacional, según explica el documento.
Finalmente, los defensores alegan que en el remoto caso de que no procedieran sus alegatos sobre la prescripción del delito y la inexistencia del genocidio, sería irrefutable el argumento de que Echeverría nada tuvo que ver en esos hechos, ya que cuando fue secretario de Gobernación, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, no tenía a su cargo al Ejército, ni tampoco al Batallón Olimpia.