Demandan acciones complementarias, como reformar leyes
Respaldan empresarios acción oficial en predios en poder de delincuentes
Empresarios de la industria del cine, vestido, calzado y ropa deportiva, así como representantes de comerciantes y vecinos del Centro Histórico manifestaron ayer su respaldo a la política del Gobierno del Distrito Federal de expropiar predios utilizados como centros de operación de distribución de drogas y mercancía de contrabando o pirata, que inició con el desmantelamiento del inmueble conocido como La Fortaleza, en Tepito.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Tony Curi, el director del Instituto para la Protección Privada de la Propiedad Intelectual y el Comercio Legal, Fidel López y el presidente de la Alianza contra la Piratería, Roberto García Castañeda, consideraron que las acciones realizadas por el gobierno capitalino no sólo tendrán efectos favorables a nivel local, sino también nacional, pues el 70 por ciento de los artículos ilegales que se comercializan provienen de la ciudad de México y en particular del llamado barrio bravo.
Acompañados del secretario general del PRD, Carlos Reyes Gámiz, y el diputado local, Isaías Villa, consideraron, sin embargo, que la expropiación de predios tendrá que complementarse con otras iniciativas, por lo que exhortaron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a rescatar la propuesta de reforma a la ley para el funcionamiento de establecimientos mercantiles del Distrito Federal, que prevé como ilícito administrativo -que amerita la clausura de comercios-, conductas relacionadas con la piratería y el contrabando como la producción, almacenaje y distribución de bienes ilegales.
A la par, pidieron al gobierno capitalino instalar una mesa de trabajo para explorar medidas que permitan consolidar tareas de recuperación del mercado interno y de reconversión de mercados ilegales, pues en la medida en que se avance en estos dos aspectos se contribuirá a mejorar la competitividad del Distrito Federal.
Más tarde, vecinos y comerciantes del centro histórico hicieron lo propio, e inclusive solicitaron que las medidas adoptadas por el gobierno capitalino se amplíen hacia otros inmuebles como la "Casa Blanca" y otras vecindades ubicadas en las calles de Hojalateros, Zapateros y Mineros, donde la delincuencia "ha sentado sus reales, ante el temor de las autoridades de entrarle verdaderamente a acabar con la venta de estupefacientes y sólo dedicarse a magnificar pequeñas acciones, sin presentar el sustento jurídico de las mismas".
Víctor Cisneros Taja, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro Histórico, dijo que se trata de una buena medida, siempre y cuando la jefatura de Gobierno presente el sustento legal de la misma y no se afecte a terceros, que "ni son rateros, ni se dedican a la venta de productos ilegales, como está sucediendo".