El empresario textil no impugnó fallo que sobreseyó la acusación contra la escritora
Pierde Kamel Nacif demanda contra Lydia Cacho
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Careo entre Lydia Cacho y Kamel Nacif en los juzgados de Cancún
Foto: José Luis López Soto
El empresario textil Kamel Nacif Borge perdió ayer en definitiva la batalla jurídica que inició hace un año contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, que lo vinculó en una publicación con actividades relacionadas con un pederasta.
Tras 12 meses de litigios en juzgados del fuero común de Puebla y Quintana Roo, un juez penal del Distrito Federal determinó desechar el juicio abierto en diciembre de 2005 por una juez con sede en la capital poblana.
El juicio que perdió Nacif derivaba de la denuncia penal que presentó en su momento ante la Procuraduría General de Justicia de Puebla contra la comunicadora quintanarroense, a quien acusó de difamarlo en su libro Los demonios del Edén, en el cual menciona que el empresario es proclive a actividades con un pederasta. La denuncia fue admitida, lo que provocó la detención de la escritora por varias horas.
Con la resolución judicial, Lydia recuperó sus derechos políticos, entre ellos la posibilidad de votar durante un proceso electoral.
Lorenzo Medina Garzón, juez cuarto de paz penal de la ciudad de México, resolvió hace dos semanas que la causa penal abierta contra Cacho por el delito de difamación quedó sobreseída (suspendida) debido a la reciente supresión en el Código Penal del Distrito Federal de dicho ilícito.
Como el fallo judicial no fue impugnado en un plazo de cinco días hábiles por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dependencia a la que correspondía continuar con el proceso contra Cacho, luego de que las autoridades de Quintana Roo se declararon incompetentes, "la sentencia quedó ejecutoriada este martes, y ya está firme, lo que significa que ya no puede revertirse", explicó ayer a La Jornada el penalista Xavier Olea, defensor particular de la escritora.
En el caso de Cacho aún está pendiente la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusado por la comunicadora de confabularse con Nacif, con el propósito de "darle un escarmiento" por haber relacionado al empresario con Jean Succar Kuri, preso y sujeto a varios procesos penales por abusos sexuales contra menores de edad.
De acuerdo con el litigante, "el juez Medina Garzón decidió sobreseer este juicio, porque no existe en el Código Penal del Distrito Federal el delito de difamación, pues fue derogado. La acusación que inició Kamel contra Cacho se dio en 2005. En diciembre de ese año el juzgado quinto de lo penal en Puebla emitió una orden de aprehensión contra la periodista, la cual, de manera poco común, se cumplimentó en pocos días.
La segunda quincena de ese mes, Cacho fue detenida en Cancún, y de inmediato trasladada a un penal de la ciudad de Puebla. Como los delitos que se le imputaban originalmente se le consignó por difamación y calumnia no eran graves, la comunicadora obtuvo en pocas horas su libertad provisional bajo fianza.
En febrero de ese año, La Jornada transcribió varias grabaciones de telefonemas que confirmaron la relación de Nacif con Succar, así como el apoyo económico que brindó el empresario textil al presunto pederasta.
Inicialmente el proceso contra Cacho por difamación y calumnia lo llevó la juez quinto de lo penal de Puebla, Rosa Celia Pérez. Después, por orden de una sala del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, se canceló el cargo de calumnia y sólo quedó el de difamación.
Sin embargo, la juzgadora no resolvió el asunto en definitiva, porque en enero de 2006 se declaró incompetente y turnó el caso a la justicia de Quintana Roo.
El juez primero penal de Cancún, Gilberto Herrera Solís, admitió el caso con el argumento de que en Puebla había un clima de hostilidad hacia la procesada.
En octubre siguiente, cuando la defensa jurídica de Cacho la asumió el despacho del abogado Xavier Olea, el juez de Cancún también se declaró incompetente para llevar el juicio y lo remitió al juzgado cuarto de paz penal del Distrito Federal, con el argumento de que los hechos que se le imputan a Cacho ocurrieron en esta ciudad, donde se imprimió Los demonios del Edén.
Ayer concluyó el litigio, al quedar cancelado el cargo de difamación, y aunque el sobreseimiento no fue una absolución, en los hechos sí tiene alcances de sentencia absolutoria, pues Cacho no puede volver a ser acusada por esos presuntos hechos.