Autoridades violan el principio de presunción de inocencia, señala
Sin sentencia más de un tercio de internos en penales capitalinos, señala un informe de Derechos Humanos
Más de la tercera parte de las personas que se encuentran presas en el Distrito Federal aún no han sido sentenciadas por el delito que se les imputa, es decir, se encuentran bajo prisión preventiva, asegura el informe sobre la situación en los reclusorios de la ciudad, realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Con base en el documento, que será presentado el próximo jueves, estos presuntos delincuentes son encarcelados por su "peligrosidad", gravedad del delito o mientras pagan su fianza.
En cuanto al primer punto, además de la reincidencia, las autoridades se basan en estudios de personalidad para encarcelar a estos individuos, los cuales de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, violan el principio de presunción de inocencia y seguridad jurídica, pues se prejuicia el comportamiento futuro, además de que al no estar fundamentada legalmente la manera en que se deben realizar dichas pruebas, hacen más subjetiva la categorización de una persona como peligrosa.
Otro factor que ha incrementado la población carcelaria, continúa el informe, es que se consideran graves ilícitos como robo patrimonial "por cantidades mínimas de dinero", por lo que se prioriza el castigo a la reparación del daño, lo que ha provocado un aumento de la reclusos por ese delito que en 2002 era 50 por ciento del total de presos a el 70 por ciento en el 2005.
Y es que la mayor problemática de estas cárceles es la sobrepoblación, la cual se incrementó en 156 por ciento respecto a su capacidad instalada, lo que ha provocado hacinamiento y la falta de cobertura completa en servicios básicos como salud y alimentación.
Por cada 100 mil habitantes en la ciudad de México hay alrededor 297 personas encarceladas, tasa que rebasa a más del doble la media nacional, la cual está calculada en 133 reos por el mismo número de habitantes.
Esta situación ha provocado que el problema del hacinamiento se recrudezca en los reclusorios del Distrito Federal, lo que a su vez ha generado condiciones adversas para la salvaguarda de los derechos de las personas privadas de su libertad, como en el suministro de agua potable y alimentos, ya que éstos carecen de las condiciones de higiene necesarias para su consumo.
Además de deficientes y mal distribuidos los servicios de salud, pues mientras en el Reclusorio Norte hay cuatro médicos generales para atender a 9 mil personas, en la penitenciaría de Santa Martha Acatitla son seis doctores para 2 mil reclusos.