Usted está aquí: miércoles 15 de noviembre de 2006 Opinión México SA

México SA

Carlos Fernández-Vega
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La toma de posesión preocupa más que los problemas del país

El minipresidente garantiza un Año Nuevo de continuidad

Gil Díaz ignora a estados

Las rebanadas del pastel

Todo indica que para la clase política México no tiene otro problema que no sea el asociado a la toma de posesión del minipresidente electo. A su entender, lo demás no existe, resulta menor o en el mejor de los casos puede esperar, pero si realmente quiere hacer algo productivo por el país, entre otras muchas cosas, el gobierno entrante y los partidos políticos con sus representantes en San Lázaro deberían partirse en dos para atender otros asuntos de interés y urgencia nacionales que parecen haber dejado en el olvido.

Concentrados en el combate que organizan para el próximo primero de diciembre, han dejado para mejor momento asuntos tan delicados para el país como el ingreso y el gasto públicos para el ejercicio 2007, de tal suerte que si no se organizan y dividen sus fuerzas para que unos atiendan los preparativos de la batalla y otros saquen adelante lo importante, lo peor del próximo año no se limitará a la estadía del minimichoacano en Los Pinos.

Uno tras otro, la eficiente clase política ha ido dejando en el camino los problemas del país (Oaxaca da cuenta de ello), porque la urgencia la obliga a intentar desactivar la siguiente bomba sin haber hecho lo propio con la previa. Esa ha sido la dinámica del sexenio que se va y es la del arranque del que llega.

En el mejor de los casos y en el supuesto de que la batalla campal arroje un democrático empate ­que cada quien se lleve sus golpes y circulen de nueva cuenta­, el gobierno federal entrante y los nuevos inquilinos de San Lázaro contarán con 29 estrechos días para entregar el llamado paquete financiero (propuestas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federación, más misceláneas y Criterios de Política Económica, todo ello para 2007), iniciar su revisión, dictaminar, discutir y aprobar o modificar (algo que en tiempos normales, y en ambiente amistoso, se lleva dos meses y una semana, sin considerar periodos extraordinarios ni berrinches y caprichos presidenciales) para que el país sepa de dónde saldrá el dinero y cómo y en qué se gastará a lo largo del ejercicio siguiente. Y para el caso que nos ocupa debe ocurrir, a más tardar, el 31 de diciembre.

El 15 de diciembre, como fecha límite, el Felipillo y sus genios deberán entregar a la Cámara de Diputados el referido paquete financiero, de tal suerte que los legisladores contarán con 16 holgados días para decidir si la propuesta de la "continuidad" es la correcta o, como suele acontecer, hay que modificarla, y como van las cosas, difícilmente alguien atenderá el tema a plenitud. Sólo hay que recordar las prisas legislativas para el ejercicio 2004 y el desastroso resultado en materia presupuestal. Y eran tiempos de paz.

Por el lado de la "continuidad", el próximo secretario de Hacienda, Agustín Carstens, cuatro días atrás comentó a La Jornada que habrá un presupuesto austero ­lo que no es novedad­, "aunque todavía no determinamos cómo se va a instrumentar" y dice que "he tenido acercamientos" con algunos de los diputados para el asunto presupuestal. Por su parte, el próximo jueves Felipe Calderón y su aparatoso equipo de seguridad abordará el tema con algunos legisladores prianistas, lo que refleja que a escasas semanas de cumplirse la fecha fatal (la del 15 de diciembre, no la del primero), no saben cómo, a quién ni por dónde.

Será un maravilloso despertar el de 2007: Año Nuevo, gobierno de la "continuidad", y nadie supo nadie sabe de los dineros públicos, y en el mejor de los casos parches por aquí, parches por allá, porque la grilla es sabrosísima.

Y mientras contratamos butaca para el máscara contra cabellera del primero de diciembre, en la tienda que está por cerrar ­si algún día es que abrió­, el secretario de Hacienda no sintió lo duro sino lo tupido de los diputados, quienes le reclamaron el recorte (alrededor de 5 mil millones de pesos) al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, mejor conocido como PAFEF. Francisco Gil Díaz presumía excedentes por aquí, más ingreso fiscal por allá, ahorros y recortes en el gasto público, pero no supo explicar por qué de repente cerróse la llave de los dineros para las entidades de la República.

El funcionario público que mejor sabe cuánto dinero hay y de dónde viene no supo de qué le hablaban los legisladores (jilgueros de sus respectivos gobernadores), con quienes se comprometió ­a escasos 15 días de que se vaya a casa a descansar­ que "revisaré" si hay recursos para frenar el recorte de 4 mil 922 millones de pesos al PAFEF.

No es gratuita la queja de los gobernadores, porque los dineros canalizados a los estados por medio del PAFEF no son despreciables: en 2001 representaron 3 por ciento del gasto federal descentralizado; en 2002 subió a 3.1 por ciento; en 2003 a 5.9 por ciento y en 2004 a 8.8 por ciento. Sin embargo (parece que los mandatarios estatales no se enteraron), en 2005 bajó a 7.4 por ciento y en 2006 a 3.5 por ciento (enero-septiembre), de tal suerte que la reacción parece más que tardía.

Aunque Gil Díaz "no sabe" si hay dinero para repartir (Isosa y demás fideicomisos le hicieron perder la cuenta), lo cierto es que por concepto del PAFEF los estados de la República recibieron un total de 115 mil millones de pesos en el sexenio, monto que se incrementa a 187 mil millones si se consideran los excedentes petroleros.

 
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