Usted está aquí: jueves 12 de octubre de 2006 Política Critican ex braceros el silencio del gobierno federal a demandas de pago

Denunciarán ante juzgados de distrito en materia civil, en espera de justicia

Critican ex braceros el silencio del gobierno federal a demandas de pago

Sólo les ofrecen $38 mil a cada uno, cuando les corresponde un millón por persona

JESUS ARANDA

Integrantes de la Asamblea Nacional de Braceros se manifestaron ayer ante las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia Nación, para denunciar la actitud asumida por diversas secretarías del Ejecutivo federal, las cuales no han respondido a su demanda de pagarles lo correspondiente al fideicomiso que integraron cuando trabajaron en Estados Unidos.

Molestos porque ni las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, Agricultura, como tampoco la Presidencia de la República han respondido a sus escritos, los quejosos adelantaron que presentarán denuncias ante juzgados de distrito en materia civil, "esperando que ahora sí haya una correcta interpretación de la ley que permita la aplicación de la justicia".

Los dirigentes de la asamblea explicaron, ante las puertas del máximo tribunal de justicia del país, que "después de varios e infructuosos intentos por obtener la devolución del dinero correspondiente a 10 por ciento" de sus ingresos retenidos en el contexto del acuerdo firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos -vigente de 1943 a 1968-, hasta la fecha no ha habido respuesta a su demanda.

En lugar de ello -comentaron- el gobierno federal creó un fideicomiso con el que pretenden indemnizar a cada uno de los trabajadores con cerca de 38 mil pesos, cuando la cantidad que les corresponde por las aportaciones que hicieron supera el millón de pesos para cada uno.

Hermenegildo Vázquez Aguayo, uno de los afectados, dijo, por su parte, que la postura de la Asamblea Nacional de Braceros es no aceptar esos 38 mil pesos, "queremos que se nos reintegre lo que nos descontaron", porque el descuento fue pactado por los gobiernos de los dos países y se creó con nuestras aportaciones, subrayó.

Además, denunció que ha habido casos de ex braceros que han aceptado la oferta oficial, pero con la condición de que les entreguen sus documentos, y resulta que finalmente no les dan ni el dinero ni les regresan sus papeles, por lo que ahora quedaron sin posibilidad de reclamar sus derechos.

"Desde 2001 hemos recurrido a varias dependencias, después en la Cámara de Diputados formaron una comisión especial para investigar el destino del fondo de ahorro bracero, desafortunadamente todo ha quedado a la deriva y sigue en lo mismo", señaló ante la anuencia de sus compañeros que escuchaban la entrevista.

Indiferencia y denuncias

Ante la indiferencia del gobierno de Vicente Fox y la falta de respuesta del Congreso federal, los asambleístas denunciaron inicialmente ante juzgados administrativos a las secretarías de Estado referidas -porque no han cumplido con su responsabilidad de responder a sus demandas-, pero los juzgadores respondieron que se trata de temas "civiles", por lo que elaboraron nuevas demandas para presentarlas ante los juzgados correspondientes.

En este contexto, los manifestantes advirtieron que llevarán a cabo acciones "más amplias y movilizaciones de todos los braceros que no quieren recibir migajas en los estados de México, Aguascalientes, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, así como el Distrito Federal.

Hombres de campo, con la piel curtida y sombreros gastados, los ex braceros comentaron que una comisión de la agrupación será recibida el próximo 20 de octubre en el Senado de Estados Unidos, donde solicitarán que los legisladores demanden oficialmente a la institución bancaria Wells Fargo -el cual recibió las aportaciones para el fondo de ahorro y después lo transfirió a las autoridades mexicanas- que les entregue una lista de todos los trabajadores que aportaron y las cantidades que se entregaron a México, lo cual permitirá añadir elementos de prueba en la demanda civil en la que exigirán al gobierno mexicano que les devuelva el dinero que en estricto derecho les corresponde.

 
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