Editorial
El impasse en Oaxaca
Ayer viernes, el obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, señaló que el estado de Oaxaca, al igual que el país, "está secuestrado y sujeto a perder la paz" debido a los partidos políticos, empecinados en proteger y mantener en el poder a personajes como el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz. El llamado de atención del prelado pone el dedo en la llaga en el actual conflicto oaxaqueño entre la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el mandatario estatal, apoyado por su partido, el Revolucionario Institucional (PRI): ¿Qué es mejor para Oaxaca y para México, la renuncia de Ulises Ruiz para dar paso a una solución negociada entre todos los actores (hay que recordar que la APPO ha afirmado que la tensión se reduciría drásticamente si el gobernador presenta su dimisión) o una probable confrontación entre las fuerzas policiacas y los manifestantes?
De acuerdo con el obispo Vera, "el PRI ya no tiene derecho a estar pasando por encima de la nación", en clara referencia a la defensa contra viento y marea que ha hecho este partido de Ulises Ruiz, por lo que cuestionó la permanencia de éste al frente del Ejecutivo estatal, quien "ya no tiene nada que hacer" en el cargo. Asimismo, sostuvo que con el asesinato del maestro Jaime René Calvo Aragón se está prefigurando una situación similar a la de Acteal, Chiapas donde ocurrió una matanza de indígenas, en 1997, que podría servir para "justificar una solución tajante" al conflicto.
La advertencia del prelado no es gratuita: la APPO consiguió una copia del plan de Operaciones Hierro, diseñado por la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, que consiste en un detallado operativo policiaco para reprimir a los integrantes de la sección 22 y de la asamblea, recuperar las oficinas y radiodifusoras tomadas por los inconformes y proceder a la detención masiva y encarcelamiento fast-track de los manifestantes. Según el documento, unos mil 950 agentes de la policía preventiva del estado, de la Unidad Policial de Operaciones Especiales, de la Policía Ministerial del estado, de la policía municipal de Oaxaca y de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial participarían en el plan. Además, el vocero de la APPO, Florentino López Martínez, denunció la posible intervención del grupo de sicarios de Los Zetas, vinculados a narcotraficantes del cártel del Golfo.
Esta probable confrontación obliga a hacer un balance de las posibles soluciones al conflicto. Por un lado, cabe preguntarse cuál sería el costo político de la caída de Ulises Ruiz, demanda de la APPO y la sección 22 que ha ido creciendo desde hace varios meses. Sin lugar a dudas, esa medida afectaría al PRI, pero sería un costo considerablemente menor comparado con el daño que causaría dar la espalda a un reclamo popular en uno de los estados más pobres de la República: en México, la gente está cada vez más harta de que las autoridades y fuerzas políticas les cierren todas las salidas. Por otro lado, hay que preguntar cuál sería el costo social de una solución que no contemple la salida de Ulises Ruiz. Dado el elevado grado de confrontación que se vive en Oaxaca, su permanencia en el Ejecutivo estatal sólo podría desembocar en más violencia.
En tal contexto, la posición del gobierno federal, que rechaza la dimisión de Ulises Ruiz y que tan sólo propone la destitución de los titulares de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia estatales, no es una solución viable, ya que no resuelve las cuestiones de fondo de este conflicto. Así, mientras no se llegue a una respuesta adecuada que tome en cuenta las realidades de Oaxaca, esta confrontación corre el peligro de degenerar en un violento enfrentamiento que enturbiará aún más el clima político nacional.