Número 123 | Jueves 5 de octubre de 2006
Director fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Directora general: CARMEN LIRA SAADE
Director: Alejandro Brito Lemus

Católicas por el Derecho a Decidir
Juventud católica por el acceso al aborto legal y seguro

En el marco del 28 de septiembre, Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir (RNCJDD), se suma a los esfuerzos de otras organizaciones sociales en la lucha por el derecho al acceso al aborto legal pues éste forma parte de los derechos humanos.

En México, según cifras oficiales el aborto es la quinta causa de muerte materna, esto quiere decir que el aborto es un problema de salud pública, pero además es también un problema de justicia social. Las mujeres que mueren por abortos inseguros en nuestro país y en América Latina son mujeres que no tienen recursos económicos para acceder a un aborto seguro. Se calcula que anualmente en el mundo mueren aproximadamente 70 mil mujeres a causa de abortos inseguros, la gran mayoría de ellas viven en países donde la ley prohíbe el aborto. Con esto se comprueba que las leyes restrictivas no lo previenen ni lo evitan. Precisamente son éstas las que lo vuelven clandestino e inseguro.

Penalizar el aborto implica discriminar y violentar a las mujeres negándoles el derecho de ser personas con autonomía y capacidad de elección. Es negar a las mujeres su derecho a la salud pero también es negarles su derecho a ser ciudadanas.

En todo el territorio nacional, la única causal común por la que se permite la interrupción de un embarazo es cuando éste es producto de una violación. Sin embargo, la exigencia del derecho al aborto en esta circunstancia se vuelve prácticamente imposible debido a la multitud de obstáculos administrativos, a la negligencia, la falta de sensibilidad y a la obstrucción de las autoridades oficiales, que hacen que las mujeres que solicitan la interrupción legal del embarazo sean de nuevo víctimas, pero ahora de quienes deberían facilitar y acceder el ejercicio de un derecho legitimo. Cabe decir que esta situación muchas veces las orilla a procurar un aborto inseguro.

Después de vivir una agresión sexual, las mujeres jóvenes son estigmatizadas y discriminadas por algunos sectores de la Iglesia católica que condenan a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo aunque éste sea producto de una violación. Los jerarcas católicos amenazan con excomulgar a las mujeres víctimas de violación que acceden a un aborto, pero nosotras y nosotros como jóvenes católicos sabemos que el aborto no es una enseñanza infalible; pues como lo establecen las leyes de nuestra iglesia, en el Código de Derecho Canónico (cánones 1321, 1323 y 1324) la sentencia de excomunión no aplica cuando se trata de menores de 17 años, de personas que no sabían que violaban una ley y de quienes actuaron en defensa propia con la debida moderación. El cuerpo de las mujeres no pertenece ni a la Iglesia, ni al Estado, sino sólo a ellas mismas. Creemos firmemente que decidir sobre nuestros cuerpos es un derecho inalienable y que constituye nuestra propia dignidad humana. Las jóvenes no deben pasar por una doble o triple victimización. El aborto por violación es una decisión moral complicada que atañe a la libertad de conciencia que tienen las mujeres; por lo que la Iglesia Católica debería acompañar a las mujeres en este momento tan difícil.

La Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, presentamos hoy 3 cápsulas de radio en 15 estados de la República: Campeche, Chiapas, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Esta acción tiene como fin de dar a conocer el panorama que viven las mujeres al solicitar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y sensibilizar a las y los jóvenes que la ILE es un derecho.

Es por ello que este 28 de septiembre llamamos a los gobiernos estatales y congresos locales, para que actúen en consecuencia para reducir la tasa de morbimortalidad materna resultado del aborto inseguro y garanticen el cumplimiento de las leyes que permiten el aborto.