Usted está aquí: jueves 24 de agosto de 2006 Política Es mejor oponer la fuerza de la política

Heriberto M. Galindo Quiñones

Es mejor oponer la fuerza de la política

Por supuesto que debe mantenerse el orden público, resolverse el conflicto poselectoral, levantarse el plantón en la Plaza de la Constitución y concluir el bloqueo del Paseo de la Reforma. Es claro que se desea que la instalación del Honorable Congreso de la Unión, y la lectura del sexto Informe de gobierno se lleven a cabo con normalidad democrática, y que la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile militar del 16 de septiembre no se cancelen o se obstaculicen. Sin embargo, debemos reparar en el temor, la alarma y la preocupación que provoca la presencia de las tanquetas ubicadas en la calle Cecilio Robelo, muy cerca del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Lo anterior nos hace recordar las advertencias sabias de don Jesús Reyes Heroles, cuando señalaba que ante la disyuntiva de usar la política de la fuerza, siempre será mejor, usar la fuerza de la política; más aún, cuando el pasto está tan seco.

La situación del país, por más que lo nieguen los voceros oficiales y oficiosos, es delicada, pues el ambiente político está enrarecido por los efectos de la lucha poselectoral. Nadie discute que vivimos en un estado de derecho, y que todo debe hacerse conforme a la ley; pero conocemos de las elasticidades del derecho mexicano, que tantas -buenas y malas- lecciones ha dado al mundo.

En lo concerniente al proceso electoral federal, es evidente que lo jurídico ha sido rebasado por lo político y lo social, pero al parecer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha habido quién se pronuncie públicamente sobre la gravedad de ello; y la sociedad se está cansando de los atropellos y decepcionando de las instituciones, lo cual es muy grave.

¿Por qué no atender mejor las causas, en lugar de los efectos, que tiene toda manifestación pública? Lo mejor es que quienes se desempeñan como magistrados del TEPJF muestren, además de su talento y conocimiento de la materia electoral, su sensibilidad y capacidad, y acuerden la apertura de la totalidad de las casillas electorales del 2 de julio, y el conteo de todos los votos, sin excepción; para que el proceso electoral concluya de manera aceptable para la mayoría de los mexicanos, y sea calificado con aprobación.

En Costa Rica y Alemania nadie se ofendió cuando en un proceso electoral similar de reñido al nuestro, volvieron a contar los votos.

Si en este asunto, el sentido común y la justicia se unieran al espíritu jurídico, otro gallo nos cantaría, pues ya estaría resuelta la penosa situación política imperante, y el país se habría ahorrado muchos desgastes, molestias, enojos y pérdidas millonarias, que afectan lo mismo a la clase trabajadora que a la empresarial.

Mientras tanto la resistencia civil continúa, sin que aparezca la luz en el túnel. Y pensar que esta odisea pudo haber sido mucho menos complicada y costosa para todos.

En el ámbito de la opinión pública coexisten tres posiciones fundamentales: los que piensan que hubo muchas irregularidades y fraude electoral, frente a los que consideran que los comicios fueron transparentes y limpios. Otra parte de la sociedad, que crece día con día, está muy molesta y ya llegó al hartazgo con las dos posiciones encontradas. Lo anterior sugiere que lo mejor para el país, y en especial para preservar la gobernabilidad y la credibilidad en las instituciones electorales, sería que el tribunal determine, lo antes posible, la apertura y el recuento totales, emitiendo su sentencia final. Habría que hacerlo, sin embargo, comprometiendo ante la ciudadanía a las partes en conflicto, para que acepten el veredicto y la sentencia, cualesquiera que ésta sea.

Debe hacerse, sin abandonar el rigor legal, tomando el pulso de la realidad social y política, más allá de caprichos o terquedades, pues se trata de dar certidumbre y devolverle la tranquilidad a la nación, ya que los pleitos y la zozobra están enfermando a la República.

Es evidente que en el proceso hubo irregularidades, y que en el ánimo de los más, ha ido penetrando la idea de que el proceso estuvo viciado en alguna medida, y que por ello es preferible que el recuento se lleve a cabo en el 100 por ciento de las casillas, para dar legitimidad plena a los comicios, aunque no se hayan presentado impugnaciones en todas ellas. Así se acabaría el conflicto, pues no habría pretextos válidos para que continúe.

Al mismo candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, le conviene que esto suceda, porque si como el IFE informó, el abanderado blanquiazul logró más votos que los demás contendientes, y si así lo confirman el recuento y el tribunal, el michoacano será declarado presidente electo y asumirá la Presidencia de la República el próximo 1º de diciembre. Pero si el resultado es distinto, y así lo manifiestan el recuento y el TEPJF, pues el primer mandatario de la nación será Andrés Manuel López Obrador.

De allí que clamemos, basados en el derecho, pero sin rigorismos, ¡por el amor de Dios! y por el interés público, que se resuelva el conflicto ya, y con altura de miras, para que todos quedemos complacidos y satisfechos, y así México vuelva a la normalidad, y el próximo Presidente de la República asuma el cargo en paz y con satisfacción, desde las perspectivas legal, política y mediática. Sobre el asomo de las fuerzas del orden público, es sano expresar que la violencia no es buena consejera en ningún caso, que son mucho mejores el diálogo, el entendimiento y los acuerdos.

Provocar es tan malo como reprimir.

¡Cuidado con las tanquetas! No vaya a ser que por aplicar tácticas "preventivas" intimidatorias, surjan los espíritus bélicos que rondan todo conflicto, y entonces sí se desate una batalla campal que nadie debe desear, ni siquiera los más radicales y violentos, pues correríamos el riesgo de que la situación se salga de control, con las consecuencias nefastas que dejarían un saldo muy negativo para los mexicanos.

Todavía estamos a tiempo de evitar que el país arribe a una crisis política, institucional y de gobernabilidad, pero el riesgo está latente.

Digamos no a la cerrazón, a la sinrazón y a la represión, pues podrían manchar de sangre la banda presidencial en disputa.

Serían lamentables un sexto Informe de gobierno y una toma de posesión presidencial en medio de tanquetas, tanques y bayonetas.

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