Poco avance en derechos ciudadanos
Con el plantón de la coalición Por el Bien de Todos en un sector de la capital del país, se han puesto a debate el libre ejercicio de los derechos y las garantías ciudadanas, la urgente necesidad de su fortalecimiento dentro nuestro marco constitucional, y el poco avance que se ha alcanzado en esta materia por parte del gobierno federal.
Han pasado ya casi tres años desde que la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país (8-12-2003), con una serie de recomendaciones para hacer realidad el predominio de un Estado democrático de derecho, que permitiera la inclusión de los temas analizados y recopilados por consultores nacionales, para alimentar el programa nacional que sería después sancionado por el gobierno de la República.
Fueron 31 las recomendaciones que se dieron a conocer en el texto, signado por el entonces representante Anders Kompass, y destacaban en su capítulo tres las resoluciones que eran necesarias para promover y proteger los derechos políticos de los mexicanos en un Estado democrático de derecho, entendiendo a éste no como el que posee leyes, sino "el que se sujeta al imperio de la ley", a fin de que "el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión".
Desde entonces la Organización de las Naciones Unidas (ONU) requirió una reforma del Estado que implicara una profunda restructuración de las instituciones públicas, ahora en entredicho, desde la forma del ejercicio del poder y de la relación del gobierno con la sociedad, con la advertencia de que un gobierno democrático se cimienta no únicamente en los votos, sino que su legitimidad deriva de la observancia de la integralidad de los derechos humanos. Dentro de esta reforma, que involucra a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, se destacan tres puntos que hacen referencia a una nueva reforma electoral: el derecho de petición y consulta; referéndum, plebiscito e iniciativa popular, así como lineamientos a los medios de comunicación.
Para argumentar sus propuestas tomó en cuenta el cambio político del año 2000, señalando que si bien las instituciones electorales funcionaron para ese objetivo de manera aceptable, el tiempo transcurrido permitía observar la existencia de obstáculos que impiden la plena vigencia de los derechos políticos, por lo que advirtió que los esfuerzos realizados no eran suficientes para afirmar que en nuestro país se vive en pleno goce de las garantías que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recalcando que México tiene un vacío en este rubro, por lo que estaría incumpliendo con estas obligaciones, tal como señaló el pasado 20 de agosto el actual representante sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, Américo Incalcaterra, quien dijo que si no se acatan los instrumentos internacionales "hay incumplimiento, y si hay incumplimiento hay responsabilidad".
El conflicto poselectoral derivado de la contienda del pasado 2 de julio, cuestiona los compromisos que el gobierno federal ha olvidado para hacer reformas, atender reclamos y superar los rezagos en materia jurídica, política y electoral, que ya se observaban y que tal vez hubieran dado auténtica certeza a la pasada elección presidencial, y de forma particular a su resultado.
Entre las propuestas que es urgente atender se encuentran: dotar de mayores atribuciones al Instituto Federal Electoral (IFE) para investigar delitos electorales; otorgarle facultades de investigación y apremio a empresas y personas físicas en el desahogo de quejas; atender la ausencia de criterios que permitan evaluar objetivamente la imparcialidad de los consejeros ciudadanos, a todos los niveles, en los órganos de la autoridad electoral, asegurando la continuidad institucional, para lo cual una tercera parte puede relegirse y el resto provenir de la sociedad civil, no de funcionarios públicos electorales en funciones; asimismo, establecer mecanismos legales para que no sean los partidos los que designen a los consejeros del IFE, sino favorecer un proceso de selección donde prevalezca la representación ciudadana.
Se propuso la creación de una Ley Federal de Participación Ciudadana y revisar los criterios de compra de propaganda en radio y televisión, al tiempo que sancionar a los medios de comunicación que no ofrezcan coberturas equitativas, y garantizar el derecho de réplica en igualdad de condiciones a todos los candidatos afectados por mensajes tendenciosos de información. De haberse atendido estas recomendaciones la historia sería diferente.