Un implicado asegura que fue torturado por judiciales y obligado a declararse culpable
El asesinato del activista Acuña Rubio, "por asalto, no por homofobia", concluye la PGJQ
Querétaro, 20 de junio. Autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro (PGJQ) concluyeron que el homicidio del activista gay Octavio Acuña Rubio, no fue motivado por homofobia sino por la resistencia que opuso para ser asaltado en la condonería de su propiedad.
Según la PGJQ, Miguel Angel Palacios Ríos, de 18 años, y Humberto García Ramírez, La Salma, de 24 años de edad, "bajo los efectos de bebidas embriagantes" planearon el asesinato del activista luego de que el primero se disgustó con Acuña Rubio por "recibir piropos" en su negocio, situación que molestó al activista, "quien lo corrió del lugar con palabras altisonantes".
Así, las autoridades ministeriales desestimaron las opiniones de organizaciones civiles nacionales e internacionales que exigían tomar en cuenta la homofobia como posible causa del crimen, y concluyeron que los hechos se debieron a diferencias entre integrantes de la comunidad gay.
Sin embargo, en un comunicado dirigido a la opinión pública y del cual NotieSe tiene una copia, García Ramírez se deslinda de los hechos y acusa a la PGJQ de fabricar delitos. En su carta, el inculpado niega haber conocido a Acuña Rubio y enfatiza que la relación sostenida con Palacios Ríos surgió en diciembre de 2005, es decir, seis meses después de cometido el crimen.
García Ramírez, estudiante de contaduría en la Universidad Autónoma de Querétaro platicó con esta agencia al cierre de esta edición, y confirmó que fue obligado a mentir luego de que agentes judiciales lo maltrataron física y sicológicamente.
Agregó que la tarde del 16 de junio fue secuestrado por policías mientras realizaba algunas compras. "Me cubrieron con una cobija, me esposaron y obligaron a subir a un auto; me golpearon en el estómago y los genitales y pedían que confesara, de lo contrario me iba a ir peor, finalmente dije lo que ellos querían escuchar".
Por su parte, la PGJQ, mediante un boletín de prensa, aseguró que inicialmente los inculpados pretendían "dar un susto" al activista, no obstante, en el momento de los hechos, Palacios Ríos temió que lo "madrugara" y le asestó tres puñaladas, una de las cuales tocó órganos vitales, lo que originó su muerte.
Alejandro Brito, integrante de la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia, acusó a las autoridades judiciales de Querétaro de "estar más preocupadas e interesadas en demostrar que no fue un crimen de odio que en esclarecer el asesinato, lo que genera desconfianza en su actuación, por lo que las organizaciones civiles estarán pendientes de que no se fabriquen culpables, práctica tradicional de las policías judiciales".
En conferencia de prensa, los activistas denunciaron que hasta el momento las autoridades les han negado acceso al expediente para así conocer los avances de la investigación. Inclusive, la abogada que lleva el caso, Nadia Sierra, adelantó a esta agencia que en los próximos días las organizaciones no gubernamentales presentarán sus propios peritajes, "pues los realizados oficialmente no nos convencen, porque existen muchas contradicciones".
A un año de los hechos, la PGJQ, al mando de Juan Martín Granados Torres, negó que García Ramírez pudiera ser considerado autor intelectual del crimen, "pues está en una circunstancia que no encuentra tipicidad suficiente en el Código Penal, ya que su intención era sólo asustar al occiso y no privarlo de la vida."
Ante estos hechos, Miguel Angel Palacios Ríos, arraigado por unos días, fue trasladado al penal de San José El Alto, donde será consignado ante las autoridades judiciales por la comisión del delito de homicidio calificado, y por el cual podría ser condenado a 50 años de prisión, la máxima pena prevista en la legislación estatal.