Lo acusa de despojo de una vivienda, amenazas y falsificación de firmas
Denuncia sacerdote al obispo de Culiacán
Culiacán, Sin., 20 de junio. El sacerdote Salvador Lara Soto demandó penalmente al obispo de Culiacán, Benjamín Jiménez Hernández, y a otras dos personas vinculadas a la jerarquía eclesiástica local, por despojo, amenazas y falsificación de firma, confirmaron fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Lara presentó la demanda el 6 de junio ante la agencia segunda del Ministerio Público, con lo que se inició la averiguación previa 274/2006.
Junto con Jiménez Hernández fueron demandadas Gudelia Rivera Valdez y Victoria Ruiz, involucradas en la presunta donación fraudulenta de una vivienda propiedad de Lara Soto, ubicada en Juan José Ríos 188, colonia Almada.
La Jornada buscó al prelado para que diera su versión, pero personal de la diócesis sólo respondió que los señalamientos eran falsos y que al purpurado no le interesaba responder.
El inmueble en litigio, de casi 500 metros cuadrados, funciona como albergue de monjas y, según documentos del Registro Público de la Propiedad, está a nombre de Gudelia Ramírez, madre superiora de las Carmelitas del Espíritu Santo.
Según la parte demandante, la firma que aparece en la supuesta donación de la propiedad es falsa, y para comprobarlo el criminólogo Juan Carlos Tirado Dautt realizó un peritaje de grafoscopía.
Lara Soto se ordenó sacerdote en 1957. En julio de 1973 compró el inmueble actualmente en litigio a María Ríos viuda de Reinaga, según la escritura pública 764, volumen tercero, del Registro Público de la Propiedad.
En 1980 salió de la diócesis de Culiacán y se trasladó a Guadalajara por instrucciones del entonces obispo Luis Rojas Mena, hoy retirado. Fue cesado de su ministerio en 2002 sin razón aparente, aunque versiones no confirmadas indican que fue orden del arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez.
Ese año se informó a Salvador Lara que el 12 de enero de 1987 Gudelia Ramírez había recibido su casa en donación, para lo cual se habría falsificado su firma en un contrato protocolizado por el notario público Salvador Echeagaray Picos, actual magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, y consignado en la escritura pública 1488, volumen 4.
A los 72 años, asmático y con problemas en la arteria femoral, Lara envió a Culiacán a Amada Isabel Acosta Virgen, quien dirige en Guadalajara el Grupo Pro Ayuda para Adultos Mayores.
Acosta pidió al obispo Jiménez Hernández que se otorgara a Lara Soto su jubilación por 50 años de servicio y se le incluyera en el seguro mutualista del clero, con lo que recibiría atención médica. El jerarca ''me contestó que estaba muy ocupado y que él se comunicaría luego'', afirmó Acosta.
Benjamín Jiménez contestó por escrito dos semanas después. Recomendó a Lara Soto tener paciencia y fuerza para enfrentar sus problemas. Ni una palabra sobre sus peticiones.
A mediados de 2005, Lara y Acosta buscaron a Gudelia Ramírez, quien los recibió en compañía del obispo. ''El me dijo: 'Usted, señora, no se meta, porque le puede pasar algo en el camino', y luego se llevó al padre Lara a hablar a solas, en una capillita. Como tardó mucho, fui a asomarme y sorprendí al obispo apretándole el cuello. Fue cuando le grité y el obispo lo soltó'', aseguró Acosta en entrevista.
A finales de octubre de 2005, narró Acosta, Lara recibió una carta con el sello del obispado y la supuesta firma de Benjamín Jiménez, aunque fuentes de la oficina del prelado aseguran que la firma fue sobrepuesta o copiada de otro documento.
''Te pido perdón por no apoyarte ante el despojo que sufriste por el obispo Luis Rojas Mena, para darle tu casa (...) a la madre Luz Gudelia Rivera Valdez. La complicidad del notario Salvador Antonio Echeagaray Picos no tiene nombre.
''Sé que mi mala actitud de suspenderte las licencias ministeriales te ha dejado sin trabajo y sin atención médica; sé que te he hecho mucho daño, pero me vi obligado a hacerlo. Fueron órdenes de arriba. El notario es magistrado de aquí, de Culiacán.
''Los obispos Juan Sandoval Iñiguez y Luis Rojas Mena pesan mucho y temí que me suspendieran de mi cargo como obispo (...) Incluso temí por tu vida y la mía, ya que ciertos capos los apoyan y uno que otro mal funcionario público'', dice la misiva, certificada el 14 de noviembre de 2005 por José Heriberto Rojas Ríos, notario público número 4 de Tonalá, Jalisco.