Los 19 hombres y siete mujeres recluidos en Santiaguito cumplen 28 días en ayuno
Impunidad y más abusos a casi cuatro semanas de los operativos en Atenco
Por falta de médicos en una prisión no se ha autorizado el traslado de un herido al hospital
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Mazahuas realizaron un mitin el pasado 22 de mayo frente al reclusorio de Santiaguito, en demanda de que los "presos políticos" fueran liberados
Foto: Jesús Villaseca
Los hechos en San Salvador Atenco dejaron varios heridos de gravedad, entre ellos Arnulfo Pacheco, habitante de ese municipio -parapléjico desde hace años-, quien fue golpeado "brutalmente" por elementos policiacos, por lo que presenta cinco costillas rotas, lesiones en la faringe y su estado de salud es delicado, y Alexis Benhumea, estudiante de la UNAM, a quien decretaron muerte cerebral la semana pasada.
Casi cuatro semanas después de los operativos en Atenco y Texcoco, en los que fueron detenidas 211 personas, 29 permanecen encarceladas y acusadas de delitos graves, por lo que tendrán que enfrentar sus juicios tras las rejas. No obstante, 175 son procesados judicialmente, ya que 146 obtuvieron su libertad tras cubrir una fianza de 14 mil 125 pesos cada uno que fijó un juez.
En el penal de Santiaguito, 19 hombres y siete mujeres cumplieron hoy tres semanas en huelga de hambre, en protesta por su detención arbitraria, las golpizas sufridas y los maltratos en prisión. Todos reclaman su liberación inmediata, pues niegan haber participado en los hechos.
Asimismo, la defensa de los tres detenidos en el penal de máxima seguridad de La Palma promovió ayer un amparo ante un juzgado de distrito en Toluca, en el que demanda su traslado a una cárcel estatal, ya que "sin ninguna justificación jurídica" se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social.
Las condiciones de salud de Pacheco son delicadas, debido a que por su discapacidad no pudo cubrirse los golpes de los policías. El atenquense, quien fue hospitalizado 10 días y después trasladado al penal de Santiaguito, presenta además golpes en todo el cuerpo y problemas para hablar. Para que su vida no corra peligro necesita ser internado en un nosocomio, pero aún no hay personal médico que avale su traslado. De no ser así, por la magnitud de sus lesiones, podría presentar un cuadro de insuficiencia vascular cerebral o cardiopulmonar.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó en un informe preliminar sobre los hechos que más de 200 de los capturados "presentan lesiones", debido a la forma en que los trataron los agentes policiacos, además de que ha habido negligencia médica en Santiaguito.
Alexis Benhumea, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM, es el herido más grave, debido a que un proyectil de gas lacrimógeno se le incrustó en la cabeza, por lo que continúa en terapia intensiva en el hospital regional Ignacio Zaragoza del ISSSTE.
Otro lesionado en situación delicada es el telefonista Jorge Salinas, quien presenta fractura en un brazo y "severos golpes" en la cabeza; los hermanos Ken y Dierk Lueders Monsiváis, quienes tienen heridas en varios órganos y la cabeza, e Isaac Ramírez, con tres costillas rotas. Los cuatro ya se encuentran en libertad.
Mientras tanto, Saturnino Zarco tiene lesiones en el cúbito y el radio, y Hugo Reyes necesita un collarín por el esguince cervical que le detectaron luego de que fue excarcelado.
Han pasado 21 días de los enfrentamientos y al menos una docena de detenidos todavía presentan huellas de los excesos de los uniformados durante las aprehensiones. En la cárcel sólo tienen acceso a Tempra, según han denunciado en las audiencias constitucionales ante juez.
Heriberto Nopaltitla y Paulino Zavala, todavía detenidos, presentan costillas rotas y hematomas que podrían causarles trombosis o embolia.
Fabrican culpables
De los 211 detenidos, cinco eran extranjeros. Aun cuando su estancia en el país era legal, fueron deportados. Cinco menores arrestados durante el operativo fueron puestos en libertad de inmediato y nueve remitidos a la Escuela de Rehabilitación para Menores, pues se presume que participaron en los bloqueos carreteros.
A 175 personas el juez les instruyó proceso penal, por considerar que existían elementos sobre su presunta responsabilidad. A 29 los enjuiciaron por secuestro equiparado, por la retención de 13 servidores públicos el 3 de mayo, y 146 más por ataques a las vías de comunicación, por el bloqueo a la carretera Lechería-Texcoco, suscitado el mismo día; el resto está libre, porque no existieron elementos para probar su culpabilidad.
En el pliego consignatorio, según han revelado al menos tres abogados defensores, "no existen imputaciones directas, sino de orden genérico", lo cual los hace suponer que tratan de fabricar culpables.
Tres de los aprehendidos fueron remitidos al penal de máxima seguridad de La Palma: Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, a quienes tienen incomunicados. No les han permitido visitas de sus familiares.
A los tres no sólo se les procesa por los hechos de los días 3 y 4 de mayo, sino que enfrentan otras dos causas penales por hechos pasados, en las que les imputan el secuestro de funcionarios públicos. El primero fue el 8 de febrero y el segundo el 8 de abril.
Su abogada, Bárbara Zamora, promovió un amparo ante la justicia estatal, porque sus defendidos están recluidos "sin ninguna justificación jurídica" en la cárcel de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez. Abundó que el recurso también combate la incomunicación de sus defendidos y los obstáculos que enfrenta para una adecuada defensa.
De acuerdo con los argumentos que sustentan el juicio de amparo, ninguno de los tres está procesado por un delito federal y las personas que junto con ellos están acusadas de secuestro equiparado se encuentran recluidas en el penal de Santiaguito, "por lo que no existe motivo" para juzgarlos de manera diferente.
"Nos estamos amparando de todas las autoridades. De los jueces de Toluca, las autoridades del penal de La Palma, de Santiaguito, el gobernador del estado, la procuraduría de Justicia estatal, la Agencia de Seguridad del estado, la Policía Federal Preventiva y todos los involucrados, porque no conocemos quién ordenó el traslado a ese reclusorio federal."
Una vez que el juez admita el recurso, se enviará un actuario a La Palma para que certifique todo lo que alega la defensa y para que los quejosos ratifiquen sus declaraciones.