Sólo así revertirán la crisis que los aqueja: funcionarios
Urgente, destinar recursos a los mercados para su rehabilitación
El aumento de las tiendas de autoservicio, el ambulantaje, la ausencia de recursos para impulsar su modernización, la imposibilidad de aceptar la tarjeta de los adultos mayores -que otorga el Gobierno del Distrito Federal (GDF)- en la compra de su despensa y el cobro de un nuevo impuesto federal ha colocado a los 312 mercados públicos de la ciudad en una situación de "sobrevivencia", y de no actuar "los condenaremos a su desaparición".
Funcionarios de la administración capitalina y delegacionales lamentaron que la Asamblea Legislativa del DF no haya destinado un presupuesto para su rehabilitación y mantenimiento desde hace cinco años, y la Secretaría de Desarrollo Económico únicamente "actúe de membrete, sin importarle el destino de 700 mil familias que dependen de esa actividad, que han visto mermados sus ingresos en 40 por ciento".
En un análisis sobre la problemática de los mercados públicos y las 212 concentraciones existentes se destaca el abandono en que se encuentran desde hace 15 años, debido a la aplicación de un reglamento que data de 1951, el cual les impide ampliar los giros de venta establecidos, y la instalación de servicios diversos, como el pago de luz o cajeros automáticos.
Lamentaron el abandono de los mercados, aun cuando "sus locales representan el único patrimonio de la gente, pues sus ventas no les permiten salir adelante, y menos con la imposición de nuevas cargas tributarias determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público". A dicha situación se suma "la poca" inversión realizada en nueve años, durante los cuales sólo se construyeron tres mercados públicos.
Hace dos décadas las concentraciones y los mercados aportaban 21 por ciento del producto interno bruto, cifra similar a la industria manufacturera, y hoy no llega ni siquiera al uno por ciento su participación.
La propuesta de que los mercados participen del programa de adultos mayores y madres solteras podría ayudar a los locatarios a mantenerse, pues captarían aproximadamente tres mil millones de pesos -75 por ciento del total- y revertirían la pérdida de consumidores, que suma 70 por ciento, resaltaron. Sin embargo, se requiere la voluntad política de las autoridades capitalinas y la Asamblea Legislativa para impulsar un nuevo reglamento, acorde a las necesidades de modernización que demandan esos lugares para salir adelante.