Culpa la IP al foxismo por la crisis en Sicartsa
Empresas y ciudadanos serán los terceros afectados por un conflicto entre sindicatos y gobierno, que ha ido en aumento por errores de las autoridades en la negociación, coincidieron en señalar representantes del sector privado.
"Si el realmente el gobierno se inmiscuyó en la vida sindical (del gremio minero), ha atentado y violentado el estado de derecho, lo cual está mal, porque los trabajadores son los únicos que tienen derecho a escoger a sus líderes, pero también los obreros han incurrido en el error al realizar paros en las empresas del sector", señaló Marco Antonio Cerón, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Al referirse a los paros y movilizaciones de ayer, consideró que todos los sindicatos tienen derecho a manifestarse, pero advirtió que no se puede "secuestrar al país", y en este caso, advirtió, "ambas partes estarían atentando contra el estado de derecho.
"Ha habido errores en la negociación, porque el gobierno no puede disponer que se quite a un líder sindical, pero tampoco los sindicatos tienen derecho a exigirle al Presidente que destituya al secretario del Trabajo (Francisco Javier Salazar Saénz); ninguna de las partes tiene validez legal para demandar eso", dijo.
Indicó que en medio del conflicto "quedaron las empresas y los ciudadanos que estuvieron atorados en el embotellamiento provocado por las manifestaciones. Habrá qué preguntarse, ¿cuántas horas-hombre cuesta al país? este conflicto."
El presidente del IMEF consideró que a estas alturas del conflicto debe intervenir el Poder Judicial para dirimir las diferencias entre las partes y determinar si fue legal la destitución del líder sindical de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, pero admitió que el gobierno federal ha actuado "mal", porque la Secretaría del Trabajo ha sido juez y parte.
Gobierno incapaz
Para Pedro Salcedo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios, el gobierno, en particular el secretario del Trabajo, ha sido incapaz de convocar a los sindicatos para resolver el conflicto, y advirtió que si no se soluciona el problema en lo inmediato, se involucrarán más sindicatos nacionales, lo que afectará a los consumidores y usuarios.
"No hubo prudencia, se actuó con más mano dura de la debida y ahora el problema ha rebasado a las autoridades", dijo, y consideró que el presidente Vicente Fox debe destituir al secretario del Trabajo o que Salazar Sáenz renuncie para destrabar el conflicto.
También consideró que la defensa de Gómez Urrutia por parte de los dirigentes de otros gremios denota que ellos mismos están involucrados en actos irregulares.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Cuauhtémoc Martínez, demandó a las autoridades federales y a los sindicatos "no radicalizar su posición, para evitar que se repitan situaciones tan lamentables como las de Michoacán.
"Debe haber una apertura para encontrar soluciones prontas" y evitar que se afecte la economía y, por supuesto, los intereses de terceros.