Ya no será juez y parte; conservará sus facultades de fiscalización y auditoría
Relevan a la SFP de la responsabilidad de sancionar a funcionarios públicos
Después de tres años de cabildeo con las principales fuerzas políticas del país, el secretario de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, logró, en el último día de sesiones ordinarias del Congreso, que pasara la modificación al artículo 72 constitucional, mediante la cual las sanciones a los funcionarios públicos que incurran en irregularidades administrativas serán impuestas por tribunales independientes.
Si bien aún falta la aprobación de un paquete legislativo que el Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Senadores, para la debida aplicación de esa reforma, ya las funciones de la SFP fueron acotadas, al quedar fuera de su esfera la imposición de sanciones administrativas y la resolución de los recursos de revocación interpuestos en su contra por parte de los funcionarios públicos que hubieran incurrido en presuntas irregularidades.
Según los cambios establecidos en el artículo referido, los Organos Internos de Control (OIC) de la SFP -establecidos en las 240 dependencias y entidades gubernamentales-, conservarán sus tareas de auditar e investigar la conducta de los funcionarios públicos, así como de instrumentar el procedimiento de responsabilidades.
Esto, a partir de la adecuación a la fracción XXIX-H del artículo en cuestión, en la que se estableció la facultad del Congreso para "expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento y los recursos contra sus resoluciones...".
La SFP se congratuló, en un comunicado, de la modificación constitucional, lo que permite que esa dependencia del gobierno federal ya no sea "juez y parte" en la aplicación de la justicia administrativa, aunque conserva sus tareas de fiscalización y auditoría.
"Con la enmienda constitucional se da un importante paso en materia de responsabilidades administrativas de funcionarios federales, pues de esta forma se separan las funciones de investigación y sanción, y éstas se confieren a autoridades distintas", señala.
En tanto, la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), María Marván, comentó que las recientes reformas al artículo 6º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobadas por el Senado, además de reconocer el derecho al acceso a la información, hacen más clara la obligación de ese organismo para favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión del gobierno federal.
"Aun cuando los comisionados ya lo hacíamos, quedan explícitas esas garantías", dijo tras señalar que todavía está pendiente una reforma constitucional que favorezca la autonomía en la Constitución del organismo.
Aparte, la SFP informó de la puesta en marcha, a partir de este viernes, de diversas modificaciones legislativas en materia de seguridad en las carreteras federales, para elevar la seguridad de los particulares, eliminar actos de corrupción y "potenciar" la transparencia en el ejercicio de la función pública.
Eloy Morales Fong, director general de Atención Ciudadana de la SFP, comentó que estas reformas, que se publican hoy en el Diario Oficial de la Federación, otorgan a inspectores de la Policía Federal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad Pública federal facultades muy precisas para la eficiencia administrativa, a fin de que en caso de que particulares sean multados en las carreteras federales, "no actúen con discrecionalidad" en ese proceso, además que no podrán retener en garantía documentos como la licencia, placa o tarjeta de circulación. Se simplifican, además, los trámites para realizar pagos en bancos, ya no en la tesorería municipal, y se aplicará un descuento de 50 por ciento.
También se amplió la capacidad de regulación del autotransporte federal, para fortalecer la prevención de accidentes, entre otros aspectos que durante tres años promovieron en forma conjunta la SFP y Comunicaciones y Transportes.