Crece conflicto de poderes Ejecutivo y Judicial en Bolivia
La Paz, 17 de abril. El conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial de Bolivia registró una escalada al afirmar el gobierno del presidente Evo Morales que el mensaje a la nación dado a conocer por el Poder Judicial la semana pasada, es un rechazo "injustificado" de "algunas autoridades" de esa rama a su política de austeridad salarial para altos funcionarios y una defensa "de intereses personales, sectarios y mezquinos".
Morales inició la semana, en la que enfrentará una serie de problemas que pasan por un paro nacional convocado para el día 21 por la Central Obrera Boliviana (COB), solicitando al gobernador de Tarija, Mario Cossio, "no mentir".
Según la Agencia Boliviana de Información (ABI), el mandatario "se vio obligado a aclarar que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en los problemas internos de esta región del país y pidió a Cossio reconocer sus errores".
Morales "aseguró que su gobierno es firme cuando habla de unidad e integración, por lo que negó algún tipo de relación con la propuesta de crear un décimo departamento", durante su alocución en la sesión de honor del Concejo Municipal en conmemoración del 189 aniversario de la Batalla de la Tablada.
Añadió que las regalías por la explotación de los hidrocarburos se mantendrán y que son falsas las versiones que atribuyen a un parlamentario del oficialista Movimiento al Socialismo la intención de revisarlas. En todo caso, si se llegara a revisar el tema de las regalías sería para mejorar y no para perjudicar "a nadie", dijo.
El viceministro de Asuntos Gubernamentales, Héctor Arce, respondió al manifiesto del Poder Judicial al señalar que "no existe, no ha existido ni va a existir" intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial, y exhortó a los magistrados, "respetando su independencia", a tramitar y culminar las decenas de casos de corrupción que se encuentran en la Suprema Corte de Justicia y a sumarse a la política de austeridad.
La denuncia, un despropósito
El funcionario subrayó que el gobierno considera un "despropósito" y "condenó" que hayan emitido una denuncia internacional en el citado documento, mencionando que las autoridades que lo suscribieron perciben 300 o 400 por ciento más que los 6 mil bolivianos que reciben los jueces.
Posteriormente, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, descalificó lo que llamó "actitud intransigente" de algunos dirigentes sindicales, entre ellos los de la COB, porque a pesar de la apertura al diálogo del gobierno, dijo, "insisten en acciones de protesta que intentan desestabilizar al país".
Rada manifestó su deseo de que sea sólo "coincidencia" lo de las presiones de la COB con la asamblea de la Cruceñidad, convocada por el Comité Cívico de Santa Cruz, que también anuncia medidas de presión.
Informó asimismo que se abrió el diálogo con los transportistas interdepartamentales pero sin ceder en que éstos deben tributar en el regimen general y entregar facturas a los usuarios a partir del 1º de mayo.