Usted está aquí: lunes 17 de abril de 2006 Política Alistan la sentencia contra Gerardo de Prevoisin, tras siete años de litigios

Primer caso comprobado de financiamiento ilegal a campañas del tricolor

Alistan la sentencia contra Gerardo de Prevoisin, tras siete años de litigios

La PGR espera que se aumente la pena de cárcel impuesta al ex titular de Aeroméxico

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Después de siete años de litigios en tribunales mexicanos, el primer caso comprobado de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI por parte de una empresa privada está a punto de concluir con la sentencia que recibirá el ex presidente de Aeroméxico, Gerard Marie Laurent de Leschevin de Prevoisin y Legorreta, mejor conocido como Gerardo de Prevoisin.

El juez Antonio González García, titular del juzgado octavo de distrito del Reclusorio Sur, concluirá en breve la sentencia a que sea acreedor el empresario, quien en 1988 tomó el timón de la línea aérea.

La Procuraduría General de la República (PGR) le imputa el delito de administración fraudulenta por 72 millones de dólares, en contra de la segunda aerolínea más importante del país, administrada actualmente por el consorcio Cintra.

Será la segunda vez que De Prevoisin sea juzgado por el mismo caso, luego de que en febrero de 2003 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reponer el procedimiento del juicio y dejar sin efectos la sentencia anterior de cinco años y seis meses de prisión que se había dictado por el juzgado octavo en contra del empresario, nieto del marqués Robert de Leschevin de Prevoisin.

El ex presidente de Aeroméxico se encuentra actualmente en su casa de Cuernavaca, Morelos, en espera de la determinación del juez González, quien, según fuentes judiciales de primer nivel, a más tardar en mayo próximo concluirá la sentencia de primera instancia, misma que aún es apelable tanto por la PGR como por el inculpado.

De Prevoisin consiguió su libertad provisional tras haber dejado como garantía judicial un terreno desértico de 100 hectáreas, ubicado en San Felipe, Baja California, presuntamente valuado en 321 millones de pesos, aunque diversos corredores y la empresa demandante argumentan que el predio vale mucho menos.

Actos ilícitos

Según el pliego acusatorio que consta en la causa penal 105/2000, a la que tuvo acceso La Jornada, el supuesto acto ilícito por 72 millones de dólares se perpetró a partir de cuatro operaciones financieras.

Las dos primeras, derivadas de préstamos irregulares con los que adquirió acciones de la aerolínea (uno por 37.5 millones de dólares y otro por 15. 2 millones), en los que de manera dolosa dejó como garantía bienes de la propia empresa.

La tercera operación irregular fue la utilización personal de 11 millones de dólares por intereses generados a partir de los dos empréstitos anteriores.

La cuarta operación, ocurrida de enero a agosto de 1994, se trata de ocho transferencias bancarias de un millón de dólares cada una de cuentas de Aeroméxico a su cuenta personal de Nueva York.

En marzo de 1995, Gerardo de Prevoisin -quien en 1994 huyó de México y se refugió en Francia- declaró en tribunales de Estados Unidos que el desvío de Aeroméxico a sus cuentas personales, por 8 millones de dólares, lo destinó a contribuciones electorales para la campaña presidencial del PRI que encabezaba Ernesto Zedillo, ya que en 1994 era "un año electoral" y requería del apoyo "de la vida de los negocios en México".

El proceso contra De Prevoisin comenzó a principios de 2000 -último año que gobernó el PRI-, luego de que el empresario fue extraditado a México en 1999.

La defensa del empresario la asumió el bufete jurídico Zinser-Esponda-Gómez Mont y, según fuentes cercanas a los abogados de ese despacho, la sentencia que emita el juez octavo de distrito deberá ser absolutoria, o en el peor de los escenarios "considerablemente menor" a la que se dictó en noviembre de 2002 por más de cinco años de prisión.

Sin embargo, los fiscales de la PGR están seguros de que la autoridad judicial aumentará los años de cárcel, lo que obligaría al empresario a ser encarcelado.

La decisión la tiene el juez Antonio González García.

 
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