Aunque Joaquín López Dóriga, una vez más transformado de conductor de noticiero a vocero de la empresa televisiva, así como el insufrible y estentóreo Javier Alatorre, que hace lo mismo en la tienda de enfrente, hayan dedicado larguísimos minutos en repetir lo que el teleprompt les dictaba, y que palabras más o palabras menos pretende establecer que la minuta de Reforma a las Leyes Federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones es un primor de bondades y una inmaculada muestra de cómo este país puede avanzar en materia de medios de comunicación, lo cierto es que dicha minuta —como lo han hecho ver un puñado de senadores que se dieron el gusto de pensar con la cabeza—, está contaminada de omisiones, deficiencias e incluso aspectos anticonstitucionales.

No es de ningún modo casual que dichos personajes —no los únicos, pero sí los más vistos y escuchados a nivel nacional—, hayan sido colocados hasta enfrente para hablar a nombre, precisamente, de las empresas que más saldrán beneficiadas de la referida minuta de Reforma (desde luego, Televisa y TV Azteca niegan esto último, pero es sólo cuestión de tiempo, si es que tristemente la nueva ley es aprobada en el pleno del Senado). Tampoco son casualidad el tono ni el fondo de sus mensajes, según los cuales cualquiera que se oponga a la aprobación de la tal minuta en el Senado de la República es un retardatario, antimoderno, opositor de la libre y equitativa competencia, que ellos y sus empleadores, casualmente y según eso, defienden a capa y espada de todos aquellos que sólo protegen "intereses particulares" y que quieren seguir aprovechando, para su personal beneficio, "viejos modos de hacer las cosas". Menos casual es que esos discursos de Tartufo hayan sido transmitidos precisamente la noche del pasado lunes 27, es decir, menos de doce horas antes de que la minuta de marras fuese sometida a aprobación en las comisiones respectivas del Senado.

Ese mismo lunes apareció, en unos cuantos periódicos, un desplegado de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, ac, entre las cuales se cuentan Radio y tv unam, Canal 22, Radio Educación, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano de la Radio (imer), Canal 11, un buen número de sistemas estatales de radio y televisión —de Chiapas, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Yucatán, Tlaxcala y varios más—, así como entidades que pertenecen a instituciones universitarias de todo el país.

Para decirlo de manera muy simple, el trasfondo del asunto es el eventual control del espectro digital que, de manera inminente, permitirá a quien lo posea una posición de dominio de mercado, que liquidará las posibilidades y la existencia misma de sus competidores, mismos que desde el preciso momento en que la minuta se apruebe tendrán que dejar de ser considerados como tales.

No hay tales "intereses particulares" entre los firmantes del desplegado, si como tales se quiere hacer pasar, entre muchos otros ejemplos, a las radios comunitarias, las indígenas, así como a otros esfuerzos de la sociedad —que, por cierto, está conformada por particulares, no sólo por empresas, aunque éstas crean que sólo ellas tienen derechos en materia de medios y telecomunicaciones—, por establecer vías de comunicación que no obedezcan a la lógica del mercado, las ganancias y la rentabilidad.

Es por lo menos indignante que esos grupos empresariales aprovechen su tradicional posición de ventaja frente a la audiencia y empleen, ellos sí para su beneficio, un lenguaje hecho con la piel del cordero con el cual insisten en blanquear las oquedades de una ley diseñada para beneficio de Unoscuantos, y que encima se llamen a indignación porque ha habido voces que han denunciado la posibilidad de connivencias ilegales entre Unoscuantos y ciertos legisladores de ciertos partidos políticos. Es al menos indignante, pero muchísimo peor será el resultado de la aplicación de esa ley.

Por una vez, y si finalmente la ley se aprueba, el actual presidente de México podría usar su poder de veto y decir, ya retirado, que al menos una cosa buena hizo durante su paso por Los Pinos.