Visita Bachelet Buenos Aires; firma acuerdos de integración con su par argentino

Restatiza Kirchner el agua; crea paraestatal con participación obrera

Rescinde el gobierno concesión a la empresa francesa Suez; había solicitado aumento de tarifas

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 21 de marzo. El gobierno argentino creó este día la empresa Aguas y Saneamiento Argentino, Sociedad Anónima, con 90 por ciento de las acciones en manos del Estado y el restante 10 por ciento para los trabajadores, como parte del Programa de Propiedad Participada (PPP).

El anuncio de la restatización y la regularización de todos los trabajadores fue recibido con aplausos y vivas por éstos en la sede de la empresa aquí.

El director adjunto de la hasta ahora Aguas Argentinas, Carlos Humberto Ben, presidirá la nueva empresa creada por decreto del Ejecutivo, después de que finalmente terminara la fuerte lucha del gobierno de Néstor Kirchner con la privatizada, sobre la que se denunció una serie de irregularidades e incumplimientos, todos ellos "plenamente constatados".

El ministro de Planificación, Julio de Vido, al anunciar que fue rescindido el contrato dio amplia explicación rodeado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y el nuevo jefe de gobierno de esta ciudad, Jorge Telerman, que están al frente de los dos distritos más importantes y donde se habían registrado fuertes problemas y reclamos de la población por el tema del agua.

El directorio estará integrado además por cuatro miembros, entre ellos el que representa a los trabajadores por el PPP y donde asumiría José Luis Lingieri, que dirige la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias.

El gobierno dio además garantía a todos los trabajadores después de anunciar que aquellos que tenían contratos en negro, integrarán los planteles de la empresa en situación regular.

En 2005, después de reclamos del Estado por la demanda de la empresa francesa Suez a cargo de la privatizada para un reajuste de tarifas, ante la negativa oficial los directivos anunciaron que dejaban la concesión.

Para el gobierno, que reclamaba por la falta de inversiones y medidas ante los altos niveles de nitratos y otras irregularidades, que afectaban la salud de la población, esto sonó a "presión".

El ministro de Planificación, Julio de Vido, sostuvo que por los incumplimientos reiterados "el Estado entiende que debe proteger al pueblo".

El secretario de Obras Públicas, José López, y el presidente del Ente Regulador de Aguas, Carlos Vilas, notificaron la decisión esta tarde a los responsables de Aguas Argentinas.

En tanto, una masiva asamblea de vecinos de Gualgueychú, en la provincia de Entre Ríos, decidió mayoritariamente (80 a 20 por ciento) el levantamiento del corte del puente que comunica con la vecina ciudad uruguaya de Fray Bentos, donde se construyen dos empresas extranjeras procesadoras de celulosa que contaminarían las aguas del río Uruguay, vía fluvial común para ambos países.

Con esta medida se trata de que pueda avanzar una negociación entre los presidentes Kirchner y Tabaré Vázquez, de Uruguay, país había solicitado el levantamiento del bloqueo que duró 47 días e impidió que pasaran camiones con materiales para la construcción.

El gobierno argentino solicita una acción de su par uruguayo, para atenerse al acuerdo firmado, en que se especifica que cualquiera de los dos estados debe consultar al vecino por construcciones que afecten un río limpio que los dos países comparten. El Ejecutivo uruguayo no cumplió este acuerdo.

El proyecto de las papeleras fue planeado y firmado por gobiernos de la derecha uruguaya, y en estos días el ex presidente Jorge Batlle, que fue sucedido por Vázquez, del izquierdista Frente Amplio, se ha convertido en paladín de la defensa de esas empresas.

Su discurso habla de "defensa de la soberanía", pero en realidad la lectura de los acuerdos que firmó con la empresa Botnia de Finlandia o Ence de España muestran que hay puntos precisos que indican violación de leyes soberanas de Uruguay.

Desde hace años también se ha llevado a cabo un proceso de forestación con pinos y eucaliptos de más de 300 mil hectáreas en Uruguay, para estos fines, que de hecho convertirán vastas zonas en desiertos, denuncian los ecologistas en ese país. Esta es la herencia que recogió Vázquez.

El gobierno argentino demanda además trabajar en conjunto y con expertos independientes para establecer qué grado de contaminación afectaría a las poblaciones de las márgenes, y ha solicitado que se detenga temporalmente la construcción de las empresas, como piden los vecinos de Gualeguaychú, que suspendieron los cortes pero se mantienen en los bordes de las carreteras.

Vázquez podría haber pactado con las empresas una suspensión temporal, como dijo fuera de su país, pero al regresar no pareció dispuesto a enfrentar la presión de la derecha y dio marcha atrás.

Por estas horas se menciona que las empresas podrían decidir alguna interrupción a fin de facilitar las negociaciones.

Ahora se ha dado un paso, pero el canciller uruguayo Reinaldo Gargano sostuvo que también deben levantar los cortes los vecinos de la ciudad entrerriana de Colón, como condición para iniciar un diálogo con Argentina.

Algunos analistas estiman que el gobierno uruguayo querría mostrarse "fuerte" ante una oposición que lo presiona, y Gargano mencionó que deben "dejarse todos los caminos libres" como mandan los tratados internacionales, a los que los vecinos que podrían verse afectados responden que Uruguay debe cumplir también los acuerdos con validez internacional.

Gira plena de simbolismos

En gesto de fuerte simbolismo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, eligió a Argentina como el primer país para visitar después de su reciente asunción y firmó acuerdos importantes de integración con su par el mandatario argentino Néstor Kirchner.

Ambos destacaron que la relación entre los dos países es estratégica a la vez que anunciaron el llamado a licitación para construir el ferrocarril trasandino y otros proyectos similares.

"Hemos desterrado la hipótesis de conflicto entre nuestros países", dijo Bachelet, y sostuvo que su gobierno otorgará prioridad a la relación con Argentina y a la integración regional.

También se firmaron acuerdos sobre derechos humanos y para actuar conjuntamente más allá de lo comercial, en otra serie de compromisos que dan un vuelco a la relación bilateral.