Denuncian Guatemala, El Salvador y Nicaragua perjuicios económicos y ambientales
Concesiones mineras a trasnacionales sólo generan más pobreza en CA
Pobladores de El Salvador, Nicaragua y Guatemala denunciaron ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) la expansión de concesiones mineras de carácter trasnacional en aquellos países, lo cual ha traído "altos riesgos" ambientales y de salud, además de exclusión y mayor pobreza. Tan sólo en Guatemala, la ley del rubro establece que las compañías se lleven 99 por ciento de las ganancias y 1 por ciento se quede en el país, mientras que en Nicaragua hay solicitudes por 2 millones de hectáreas, lo que significaría concesionar 26 por ciento de aquella nación.
Al presentar en conjunto el caso Centroamérica: minería a cielo abierto, los representantes del cada país expusieron ante el jurado del tribunal la devastación que han provocado estas compañías trasnacionales, sobre todo, de origen canadiense, en sus pueblos.
Coincidieron en que estas mineras no pagan el uso de agua, destruyen los recursos hídricos, generan una destrucción irreparable y no toman en cuenta a las comunidades locales. Sin embargo, tienen todo el apoyo de los gobiernos y pueden hacer lo que les plazca, sin importar las normas, que sistemáticamente violan.
La Asociación Civil Colectivo Madre Selva, de Guatemala expuso lo que ha ocurrido con la población de Sipakapa, a raíz de la autorización de la concesión a la empresa Montana Explotadora, una subsidiaria de la Gladis Gold, de Canadá.
Los pobladores de Sipakapa integran una etnia de 14 mil personas, de las cuales 97 por ciento vive en la pobreza. Ellos se han opuesto tajantemente a las operaciones mineras mediante una lucha que ya les ha costado vidas y mujeres violadas.
Nadie, ni las autoridades ni los dueños de la empresa consultaron a esta población indígena sobre si quería la explotación de la mina de oro. De acuerdo con una evaluación del estudio de impacto ambiental de la mina, el proyecto implica la utilización de 250 mil litros de agua por hora. En contraste, un campesino utiliza apenas 30 litros.
Por su parte, el Centro Alexander Von Humboldt de Nicaragua presentó su demanda contra la empresa Desarrollo Minero de Nicaragua (Desminic), de capital canadiense, "por las afectaciones socioambientales a la cuenca del río Mico, provocadas por las aguas residuales" que son producto de sus actividades de explotación.
Los estudios técnicos realizados en este afluente mostraron la contaminación por metales pesados, como plomo, aluminio y manganeso. Los pobladores padecen enfermedades de la piel y caída del cabello. Y, por otro lado, se han registrado malformaciones genéticas en bovinos.
Sin embargo, por cada tonelada de tierra, la empresa saca seis gramos de oro y tiene capacidad para moler 4 mil 500 toneladas diarias.
En su turno, los representantes del Centro de Investigación y Comercio de El Salvador denunciaron el proyecto El Dorado, de la compañía Pacific Rim Mining, el cual busca iniciar la explotación de una mina de oro y de plata.
Debido a que la mina es subterránea, se abriría un túnel de 270 metros de profundidad, que afectaría 310 hectáreas, además de se provocaría la contaminación de la principal cuenca hidrográfica del país, la del río Lempa, y una vasta zona quedaría inutilizada para la agricultura.