Propuso remover de fuente a dos reporteras "incómodas"
Piden a PGR investigar a magistrado electoral
Barrales: la Asamblea Legislativa llamará a cuentas a Bermúdez Molina
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El magistrado Estuardo Mario Bermúdez, en imagen de archivo, cuando fue reinstalado en su cargo en el Tribunal Electoral
Foto: Luis Humberto González
La fracción perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) investigue al magistrado electoral Estuardo Mario Bermúdez Molina, por su pretensión de remover de la cobertura informativa de este órgano autónomo a dos reporteras que le son "incómodas".
En el documento entregado ayer en la oficina del titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, por la vocera del grupo parlamentario del sol azteca, Alejandra Barrales, se precisa que "los atentados contra la libertad de prensa no son cuestión de particulares. Los ataques contra las y los periodistas son una afrenta a la sociedad, la cual exige permanentemente información y el análisis objetivo de la actuación de los órganos de gobierno y de sus funcionarios".
Por ello, añade el texto, "nos preocupa que también en nuestra ciudad la libertad de expresión se ponga en entredicho", por lo que la diputada consideró necesaria la intervención de la fiscalía especial para investigar delitos cometidos contra periodistas.
"No pedimos pesquisas ni persecuciones infructuosas -dice la carta-, solicitamos a usted una verdadera protección a las garantías consagradas en la Constitución, y en especial las relativas a la libertad de expresión, de imprenta y de acceso a la información, así como el respeto irrestricto a nuestros derechos fundamentales y un combate efectivo en contra de la discriminación y censura de los medios de comunicación".
De hecho, en el texto se pide que a la par que se investigue el caso del magistrado Estuardo Mario Bermúdez, también la PGR se aboque al caso de la periodista Lydia Cacho, quien enfrenta una persecución y acoso por el gobernado de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, luego de denunciar una red de pederastia.
En entrevista posterior, Barrales comentó que incluso la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF recabará toda la información relacionada con algunas situaciones de excesos en el presupuesto del tribunal y con el mismo caso en que se vio envuelto el magistrado Bermúdez, "de aprovechar un pleno de los magistrados para pedir recursos públicos, 2 millones de pesos, para garantizar la salida de dos reporteras".
-¿La Asamblea Legislativa podría intervenir para, en caso de confirmarse alguna anomalía, remover al magistrado?
-Ya lo hemos platicado y hay la intención de llamarlo a cuentas, por esto y por cuestiones económicas. En el caso de las reporteras es usar dinero para un fin distinto al que tienen asignado.
-¿Tendría atribuciones la fiscalía para ello?
-Sí, tendría que intervenir y confirmar que esa fiscalía no está de adorno y que no es sólo una justificación para tapar los casos del periódico El Mañana, de Nuevo Laredo, y El Imparcial, de Hermosillo, donde se ha decidido que no se investiguen asuntos del narcotráfico por temor y seguridad de sus periodistas.
Por último comentó que confía en que antes de que concluya este mes el procurador Cabeza de Vaca pueda notificarles que tomaron nota del asunto y se definan los mecanismos para darle cauce legal.