Hace un año el gobierno estatal anunció que las desaparecería y reubicarían a internos

Operan en Guanajuato 12 cárceles que jurídicamente no existen

Por falta de recursos y planeación, sistemáticamente violan los derechos humanos: ombudsman

MARTIN DIEGO RODRIGUEZ CORRESPONSAL

Guanajuato, Gto., 15 de marzo. Jurídicamente no existen y hace un año el gobierno del estado anunció su desaparición, pero hay 12 cárceles municipales de la entidad que prevalecen a pesar de que la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH) encontró que en ellas se cometen múltiples violaciones a las garantías individuales de los reclusos.

Luego de un motín que se presentó en el penal de San Francisco del Rincón, y el homicidio de una presa en Silao, en febrero de 2005, cuando el mandatario estatal anunció que su gobierno empezaría el proceso para desaparecer las cárceles municipales y reubicar a los 350 internos en los centros de readaptación social (Cereso) que dependen del estado.

Sin embargo, a la fecha apenas se han realizado algunas obras de albañilería.

Además de esas localidades, los gobiernos municipales mantienen prisiones en Cortázar, Yuriria, Uriangato, Santa Cruz de Juventino Rosas, San Luis de la Paz, Salvatierra, Moroleón, Dolores Hidalgo, San José Iturbide y San Miguel de Allende.

A punto de concluir nueva revisión a penales

El tema "sigue siendo muy preocupante" debido a las constantes violaciones a las garantías individuales que ahí se cometen, insiste Manuel Vidaurri Aréchiga, titular de la PEDH, al comentar que está a punto de concluir una nueva revisión a las 12 cárceles municipales del estado para constatar qué tanto se respetan los derechos de los reos, aunque se esperaba que este año ya no se daría tal verificación, por el anuncio del gobernador de que eliminarían el sistema local penitenciario.

Los penales se localizan en casonas que datan de principios del siglo pasado, "y muchos de ellos no tienen la infraestructura para operar como tales, y en pocos hay atención médica y sicológica para los internos, que permitiera readaptarse socialmente", explica el procurador.

En otros casos los dormitorios son improvisados, no hay áreas para la visita conyugal, ni existe la separación física de procesados y sentenciados. Además no existe o un programa de readaptación social integral y, lo más grave, aunque "tenemos un reglamento para los ceresos... es imposible que se cumpla por los municipios por los requerimientos que se piden", agrega el ombudsman.

Según el artículo 18 de la Constitución de la República, "la Federación y los estados organizarán el sistema penal"; sin embargo, los municipios también se han visto obligados a mantener su sistema penal, "aunque no nos pertenece ni nos compete tener que decidir sobre la obra pública o el mantenimiento de la cárcel", dice el alcalde de San Francisco del Rincón, José Velásquez Villalpando.

Pablo Sánchez Urbina, director de ejecución penitenciaria y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, evitó reconocer la inconstitucionalidad de las cárceles municipales, pero expresó que hay una corresponsabilidad en la forma de operar de los penales locales: "Tenemos injerencia sobre los funcionarios que se encargan de ellos, y del manejo administrativo se encargan los ayuntamientos, así que las cárceles municipales dependen de los municipios, pero deberán estar sujetas al reglamento que se tiene para los ceresos que operan en la entidad".

Sin embargo, en todos los casos es imposible cumplir siquiera el reglamento estatal, pues mientras se obliga a contar con espacios para revisión médica y atención sicológica para los infractores de paso o los sentenciados, e incluso uno para la visita conyugal, en las cárceles municipales no se pueden dar esas observaciones.

"Necesitaríamos construir una nueva cárcel o de plano pedirle al estado que se encargue de los internos para que los municipios no sigamos acumulando ni observaciones ni visitas de la Procuraduría de los Derechos Humanos", dice el panista Guillermo Aguirre, alcalde de Silao, cuyo edificio que alberga la prisión data de hace 104 años.

Aunque el gobernador refirió el año pasado que el estado asumiría la responsabilidad sobre la readaptación social, el alcalde de San Francisco del Rincón, José Velásquez, insiste en que los cabildos "tenemos serios problemas con el presupuesto, porque no tenemos recursos ni para edificar ni para remodelar ni para atender a quienes están en las cárceles municipales".

El problema involucra a los poderes Judicial y Ejecutivo

El procurador de derechos humanos Vidaurri Aréchiga subraya que "hay una particularidad de las cárceles municipales, hay una problemática que involucra también a los poderes Judicial y Ejecutivo; es cuestión de recursos, de negociación política, de trabajo, de instalación de infraestructura, de planta física. El gobernador se interesó en reubicar a los presos, pero eso llevará su tiempo, y conviene que en la medida que ese proceso avance, no se descuide la situación que viven los internos en los penales".

La PEDH ha emitido 32 recomendaciones respecto a violaciones a los derechos humanos en las cárceles municipales, y aunque algunos alcaldes señalan que hay cambios en los penales que están en su jurisdicción, el ombudsman precisa: "Sí han cambiado algunas cosas, aunque estén en el mismo lugar. En algunos casos se provee de asistencia médica, limpiaron algunas de las áreas que encontramos descuidadas, pero son detalles mínimos. La verdad es que están en el mismo lugar y sin recursos disponibles; sin embargo, sí hemos observado voluntad de las autoridades para realizar algunos cambios en las cárceles".