Usted está aquí: miércoles 15 de marzo de 2006 Sociedad y Justicia Rechazan dos jueces atender demanda, porque incluye a Fox

Unión de Sindicatos de Trabajadores del Colbach

Rechazan dos jueces atender demanda, porque incluye a Fox

CAROLINA GOMEZ MENA

La juez octavo en materia administrativa, Adriana Escorza Carrranza, regresó al juez quinto de distrito en materia de trabajo, Máximo Ariel Torres Quevedo, la demanda de amparo interpuesta por la Unión Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Colegios de Bachilleres (UNSTCB) en contra de actos del presidente Vicente Fox y cuatro de sus secretarios de Estado, en torno del no ejercicio de recursos asignados al Programa de Nivelación Salarial.

Escorza Carranza expresó en su resolución que el juzgado que ella encabeza "no acepta la competencia declinada" del juez Torres Quevedo, quien el 2 de marzo pasado se declaró incompetente para conocer del caso.

Saúl García Pacheco, uno de los presidentes colegiados de la UNSTCB, precisó que el hecho de que la demanda haya sido regresada al juez de lo laboral indica que, como en el recurso va incluido el presidente Fox, "se crea cierto temor, pero nosotros estamos ciertos de que ser presidente no exime de la responsabilidad que pueda violentar la ley".

García Pacheco, quien también es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Baja California, abundó que a los más de "50 mil empleados de los colegios de Bachilleres y de los Cecyt les queda claro que en nuestro caso se violentaron la Ley de Egresos, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el derecho. Que nos den lo que asignó la Cámara de Diputados para el programa de nivelación salarial".

Al exponer que aún "no hemos encontrado en qué parte de la ley existe la facultad que se arrogaron las autoridades para determinar que lo que marcó la Cámara en la Ley de Egresos como nivelación salarial ellos lo bajaron a simple pago extraordinario único", García informó que hoy interpondrán ante la Procuraduría General de la República (PGR) una demanda penal por "posible fraude y desvío de recursos", pues pese a que los legisladores asignaron los recursos, el gobierno insiste en que "no puede canalizar los fondos bajo dicho concepto y pagó sólo un bono único extraordinario".

También presentarán hoy otra demanda ante la Secretaría de la Función Pública y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y advirtió que "vendrán otras acciones legales", entre ellas una queja ante la Organización Internacional del Trabajo.

 
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