Foro Mundial del Agua: empapados en codicia
El Consejo Mundial del Agua (CMA) fue creado por las corporaciones cuyo negocio principal es el agua. La agenda política del consejo es muy clara y se revela en los informes que animan su ''foro mundial''. El objetivo es lograr que los gobiernos del mundo privaticen el acceso, manejo y distribución del agua para convertirla en un negocio. Su complemento perfecto está en la Organización Mundial de Comercio (OMC), con las presiones en el Acuerdo sobre Comercio en Servicios (GATS).
En el Foro Mundial del Agua de Kyoto (2003) se presentó el informe de una comisión dirigida por Michel Camdessus, ex director gerente del FMI. La conclusión del documento es que los gobiernos tienen presupuestos limitados, y las autoridades locales no pueden aumentar las tarifas por consumo de agua. Por lo tanto, se requieren ''nuevos esquemas de financiamiento, porque los usuarios apenas pagan los costos corrientes de las obras y no hacen ninguna contribución para cubrir las inversiones en capital''. La clave es la participación del sector privado.
Este año el documento central fue preparado por una comisión dirigida por José Angel Gurría (el mismo que propuso en marzo de 1998 convertir los pagarés del Fobaproa en deuda pública). Las conclusiones todavía no se han dado a conocer, pero Gurría ya declara que el agua ya no puede seguir siendo considerado un ''bien público''. En lenguaje llano, los ''nuevos mecanismos de cooperación'' significan privatización.
El CMA maneja tres razones para privatizar el agua. La primera es que el sector privado es más eficiente, y al reducirse los costos de distribución aumentaría el bienestar de la población. Tenemos muchos ejemplos que enseñan lo contrario.
La medida estándar de eficiencia en la distribución de agua es el nivel de agua no asociado a ingresos tarifarios (NRW, por sus siglas en inglés). Este coeficiente mide el porcentaje de agua que se desperdicia o que se distribuye sin contrapartida en tarifas. En Osaka, Pnom-Penh y Penang, ciudades en las que el servicio de agua es administrado por el sector público, el NRW es de 7, 26 y 19 por ciento, respectivamente. En cambio, en Jakarta y Manila, el servicio es responsabilidad de empresas privadas (Thames Water y Suez-Lyonnaise) y el NRW alcanza 51 y 62 por ciento.
Además, la realidad es que no existen experiencias de privatización en las que menores costos se tradujeron en precios más bajos. Destacan los ejemplos de privatización en energía en California o en Inglaterra. Las privatizaciones del servicio de distribución de agua apuntan en el mismo sentido, desde Cochabamba, hasta Atlanta.
Se dice que la privatización abre las puertas a la competencia y ésta conduce a menores precios. La realidad desmiente la creencia: la privatización de la banca en México no condujo a mejores servicios bancarios, ni costos inferiores ni expansión del crédito.
La segunda razón es que el sector público carece de recursos y para que las inversiones no se rezaguen es necesario privatizar. Este razonamiento supone que no se debe incurrir en un déficit fiscal porque presiona la inflación y las tasas de interés al alza. Pero no todo déficit fiscal es inflacionario y el impacto sobre la tasa de interés depende de muchos otros factores, en especial de la política monetaria.
En México la carencia de recursos se debe a que no se ha aplicado una reforma fiscal progresiva y porque la única prioridad de la política fiscal es reducir el gasto público, generar un superávit primario y desviar recursos a la esfera financiera. Michel Camdessus fue un promotor desde el FMI de esta postura de la política fiscal. Esta política fiscal ha impedido la debida canalización de inversiones en varios sectores clave del desarrollo, desde educación y salud, hasta servicios públicos básicos.
Esta prioridad perversa de la política fiscal es lo que explica por qué ''no hay recursos'' para invertir en infraestructura para el manejo y distribución del agua. Por eso no se invierte en infraestructura hidroagrícola, ni en obras adecuadas para los programas de manejo de cuencas.
La tercera razón es que cuando el sector público se encarga de un servicio como el de la distribución de agua se abre la puerta a la corrupción. Este argumento es débil porque supone que no hay corrupción en el sector privado. Los casos de Enron y Fobaproa debieron haber puesto a descansar definitivamente esta creencia. ¿Usted cree que Gurría habrá informado a sus jefes en el Consejo Mundial del Agua sobre el fraude del Fobaproa?
No es un honor para la ciudad de México recibir a este Consejo Mundial del Agua. Este organismo pretende apropiarse del discurso sobre acceso y distribución de agua. La referencia adecuada es que el acceso al agua es un derecho, y no sólo una necesidad. Los principios de solidaridad y justicia sin discriminación son la clave del acceso al agua, no las ''reglas'' del libre mercado y la apropiación privada