¿Nueva cultura laboral?
Ojalá el gobierno federal y el sindicato minero se abocaran a culminar el proceso de rescate de los trabajadores sepultados en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, en atender a sus familiares y a la comunidad afectada, en imponer las medidas de seguridad necesarias para evitar siniestros semejantes; ojalá el gobierno desde sus inicios hubiera actuado en contra de la corrupción sindical y empresarial que agobia a los trabajadores mexicanos, favoreciendo la transparencia, la rendición de cuentas, el voto secreto y todos aquellos compromisos que asumió y nunca atendió; en lugar de ello, se ha encargado de generar un conflicto de grandes dimensiones, exhibiendo las contradicciones de una política laboral sometida a la lógica empresarial.
En el conflicto actual, es importante distinguir dos aspectos que frente a la opinión pública se han mezclado para encubrir responsabilidades. Por un lado, está la suerte de los famosos 55 millones de dólares entregados al sindicato para ser distribuidos entre los trabajadores, a raíz de la privatización de la empresa Cananea, y verificar si la información brindada por el sindicato se ajusta o no a la verdad. Por el otro lado, la decisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que registró a una nueva directiva sindical encabezada por Elías Morales Hernández, en sustitución del Comité Ejecutivo Nacional (destituido con todo y sus suplentes) dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, resolución que ha provocado la indignación de un numeroso grupo de organizaciones sindicales, quienes consideran que, además de ilegal, es una intromisión del gobierno federal en la vida sindical.
La toma de nota de una directiva sindical es una figura extraña, incomprensible en un país democrático, es un mecanismo de control jurídico y político, herencia de nuestra historia corporativa; mediante la misma, el Estado condiciona la personalidad jurídica de los sindicatos, y su propia existencia. Cuando se trata de una elección ordinaria al término de una gestión sindical las dificultades para su obtención son menores. En el caso de una destitución se prenden focos rojos y la autoridad suele negarla, alegando que debe sustanciarse previamente un juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; así lo confirmó recientemente en la impugnación que realizaron trabajadores inconformes con la actual directiva del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana, que sustituyó a Rodríguez Alcaine al margen de los estatutos.
En el caso del conflicto minero, resulta evidente que la STPS actuó en contra de la ley y del propio estatuto sindical. La historia es francamente grotesca. El día 17 de febrero de 2006 se exhibió ante esta dependencia un oficio aparentemente firmado por dos personas, quienes se ostentaban como simples vocales del Consejo General de Vigilancia y Justicia, Juan Luis Zúñiga Velásquez y Juan Pablo Patiño Rocha, escrito en que solicitaban autorización de la secretaría para destituir al Comité Ejecutivo Nacional del sindicato minero; además, requerían el reconocimiento de una nueva directiva sindical y de la presidencia del consejo de vigilancia. Los solicitantes informaban que era una decisión tomada el día anterior por ellos mismos, sin acreditar que los trabajadores hubieran tenido participación alguna. En condiciones normales, un oficio de esta naturaleza habría sido ignorado de inmediato por los funcionarios de la STPS por varias razones: primera, porque nunca cumplió el procedimiento estatutario previsto en sus artículos 128, 215, 275, 303 y 304; segunda, porque no se puede destituir en paquete, ya que en caso de alguna responsabilidad por parte de Napoleón Gómez Urrutia hubieran dejado en sus cargos al resto de los miembros de la directiva; en tercera, porque los supuestos solicitantes incluían al propio presidente del consejo del cual formaban parte; cuarta, porque de haber sido procedente la sustitución, habrían entrado en funciones sus suplentes; y por último, no contaban con facultades para designar a una nueva directiva.
Lo cierto del caso es que la STPS aceptó la absurda petición el mismo día, rapidez sin precedente en la historia de la dependencia. Para colmo, resultó que las dos firmas de los supuestos vocales son aparentemente falsas; uno de ellos, Juan Luis Zúñiga, acudió con notario público ante la propia secretaría para negarla, e incluso afirmó ante los millares de manifestantes que se movilizaron en el Zócalo de la ciudad el pasado martes 7 que jamás había firmado dicho documento, denunciando que se trataba de una vulgar falsificación.
Esta decisión atrabancada del gobierno federal parece tener distintas motivaciones: complacer al Grupo Minero México, castigar al dirigente sindical por su conducta en las revisiones contractuales en donde estalló varias huelgas y obtuvo incrementos salariales superiores al promedio, por su oposición a la reforma laboral Abascal y su participación en la división interna del Congreso del Trabajo, denunciando también la actitud parcial del gobierno. Es claro que se trata de una decisión presidencial, por el uso de todos los recursos del Estado para aplastar al dirigente minero, involucrando incluso a la propia Procuraduría General de la República.
Al igual que en los tiempos del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, el gobierno debe dar marcha atrás en su propósito, reconociendo que está provocando un conflicto laboral y político sin salida, y aprovechar el reclamo popular por un cambio de reglas en el mundo del trabajo para avanzar, como lo pregona aunque sea tardíamente, a un sindicalismo sin corrupción. Este sería el momento para que el Congreso de la Unión apruebe una ley que garantice a favor de los trabajadores el derecho a la transparencia en los sindicatos y la rendición de cuentas de sus dirigentes; esta sería una verdadera nueva cultura laboral, no la que alevosamente alienta el gobierno por encargo del sector empresarial.