Se deslindan de la filtración del informe de la Femospp sobre la guerra sucia
Ex investigadores acusan a Carrillo Prieto de violar sus derechos laborales
Reconocen que ellos elaboraron el documento, pero todavía no está terminado, dicen
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Un grupo de ex trabajadores de la Femospp acusó al procurador Ignacio Carrillo Prieto, de no respetar su labor y de incumplir promesas laborales
Foto: Luis Humberto González
Continúa el escándalo y las críticas en contra de Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Ayer, un grupo de ex trabajadores del área de Investigación Documental de la fiscalía especial criticó la "cerrazón" de Carrillo Prieto por negarse a escuchar sus demandas laborales, y se deslindó de la filtración del reporte que ellos elaboraron durante dos años, como parte del informe que Carrillo Prieto presentará el próximo 15 de marzo al presidente Vicente Fox, en el que se señala que militares y ex agentes de seguridad efectuaron un "plan genocida'' para asesinar a cientos de ciudadanos en el periodo de la llamada guerra sucia.
En la escalinata que da acceso a la Femospp, un grupo de historiadores anunció que presentarán en breve una denuncia contra quien resulte responsable por las "flagrantes violaciones" a sus derechos laborales.
Al dar lectura a un documento, los quejosos indicaron que desde que comenzaron su labor como documentalistas de la Femospp padecieron varias carencias administrativas para realizar su trabajo: no tenían computadoras, no se les pagaban papelería ni fotocopias, además de que nunca les entregaron un contrato que los avalara como trabajadores de una instancia dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
El fiscal Carrillo "nunca nos vio, ni nos quiso escuchar, y desde julio de 2005 nos adeuda un millón 900 mil pesos por concepto de salarios de cerca de 20 historiadores", indicó Urania Chavarría en nombre de sus compañeros.
Los documentalistas de la Femospp realizaron los informes sobre los crímenes cometidos durante los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, así como de la llamada guerra sucia y la guerrilla en Guerrero.
Tras asegurar que ellos no filtraron "nada de nada", los historiadores reconocieron que el documento titulado Que no vuelva a suceder, y que se puede consultar por Internet, es auténtico, pues ellos fueron quienes elaboraron los borradores.
Sin embargo, precisaron que todavía no estaba listo el reporte completo, pues cada uno de ellos investigaba un tema diferente.
La versión que dieron los quejosos fue que a partir de 2004 y hasta junio de 2005, investigadores de diversas ramas fueron contratados por la Femospp y quedaron adscritos a la Dirección General de Análisis, Investigación e Información.
La documentación que recopilaron ha servido para que los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la fiscalía del pasado integren las respectivas averiguaciones previas contra ex funcionarios y militares.
No obstante, jamás se formalizó su relación laboral, ya que nunca se elaboró algún contrato que les garantizara sus derechos laborales, además de que sus respectivos pagos fueron congelados.
Los historiadores precisaron que las irregularidades y violaciones laborales fueron notificadas puntualmente a las autoridades, ya que se acudió al área administrativa de la mencionada fiscalía, a distintas instancias de la Procuraduría General de la República y hasta la Presidencia, pero ninguna dependencia les dio respuesta positiva a sus demandas.
Ante la falta de solución acudirán este viernes a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para demandar a las autoridades responsables.
Los salarios que les prometieron oscilaban entre los 8 mil y hasta 15 mil pesos, dependiendo de la tarea que realizaban.
Para los historiadores, su ex jefe, Ignacio Carrillo Prieto, demostró tener un desprecio absoluto hacia la labor de sus trabajadores, "porque nunca tomó en cuenta nuestros legítimos derechos laborales", cuando "no hicimos más que trabajar en un tema fundamental, que era encontrar la verdad histórica del pasado reciente".
Asimismo, destacaron que el Congreso de la Unión aprobó recientemente una partida presupuestal de 50 millones de pesos para la fiscalía del pasado, "por eso no aceptamos el pretexto de que no hay dinero".