Gasolinas: el Senado, mediador
Fue una larga sesión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público; por un lado, las asociaciones de empresarios gasolineros quienes operan con una franquicia que otorga la Federación; por el otro, los representantes federales: Hacienda, Pemex, Profeco y Economía. No obstante que el ambiente fue pesado, se logró el diálogo y se esbozaron los posibles acuerdos. Los problemas analizados son de sobra conocidos por quienes poseemos un vehículo: la defraudación en la venta de gasolina al público, aunque es justo reconocer que no todos los expendedores la practican, por lo que sus representantes aducen una orquestada campaña de desprestigio, impulsada desde el gobierno.
En este contexto, varios expendedores amenazaron con irse a un paro, lo que elevó la molestia social y de la Federación, la que en caso extremo podría proceder a la cancelación de las franquicias y a la requisa de las gasolineras. La pregunta que se antoja, es ¿por qué desafiar a la autoridad? La respuesta es la existencia de una larga cadena de ilícitos en donde los gasolineros son sólo el último eslabón y el más visible, en virtud de ser los abastecedores al consumidor y es obvio que hoy prefieren regularizarse -los que abusan- y reducir sus ganancias, que perder sus franquicias.
En los hechos existen varios perdedores, además de los poseedores de vehículos: la Secretaría de Hacienda, específicamente el Sistema de Administración Tributaria (SAT), deja de recaudar 23 mil millones de pesos por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se aplica a la venta de gasolinas y que no ingresa al erario público, dañando las finanzas públicas, a Pemex y, en consecuencia, al pueblo en general. Adicionalmente está el monto -que ha de ser inmenso- que se pierde por el robo de gasolinas y de los productos que los distribuidores genéricos indebidamente comercializan hacia la adulteración de gasolinas, en lugar de destinarse en exclusiva a abastecer a la industria petroquímica, como se determinara por decreto, a solicitud del propio Pemex. Estas cuantificaciones no están demandadas ni cuantificadas por la Federación ni el SAT, ni Pemex, se pronuncian en contra de estos desvíos no obstante que también les afectan.
Por estas cuestiones a la vista es que era indispensable mediar en el encuentro entre las partes. Y la información desprendida, adicional a la ya reseñada, es por demás interesante y surge de las presentaciones oficiales, las discusiones y de mis escasas notas, pues aún no poseemos la versión estenográfica de la reunión. Por ejemplo, después de muchas presiones, Pemex al fin se manifestó sobre el volumen de gasolina que diariamente ingresa al sistema de distribución de esta empresa: de las seis refinerías nacionales, proviene un abasto de 503 mil barriles promedio diario -un barril de gasolina, contiene 159 litros- también diariamente se importan 235 mil barriles; y, aunque no se mencionó su procedencia, se externó que de turbosina para aviones y diesel se distribuyen cada día en promedio 383 mil barriles, con el dato adicional de que el consumo de diesel ha crecido este año en 7 por ciento; se explicaron minuciosamente los diversos mecanismos ya instrumentados o por hacerlo, para evitar el robo de gasolinas en los 8 mil 500 kilómetros de ductos existentes, que por lo demás son o serán carísimos. Les debo muchísima información.
El único acuerdo consolidado que llegó a la mesa de discusión, ya firmado por las partes, consiste en que no sean los gasolineros, sino los fabricantes, importadores y comercializadores de las bombas despachadoras, quienes obtengan la certificación de la norma oficial que deberá emitir la Secretaría de Economía. Así, los expendedores tratan de limpiar su imagen en el despacho del combustible, trasladando la responsabilidad del volumen que se expide hacia los proveedores y fabricantes de los equipos, sean 900 o mil mililitros. Por cierto, existen en el país más de 7 mil 200 gasolineras. De 2000 a la fecha se ha duplicado el número de las existentes. Más las 772 gasolineras que están por instalarse con franquicias a 15 años, por lo que las que cuentan con una de ocho años deberán renunciar a ellas.
Pero la sociedad, los consumidores, el erario y el Congreso debemos exigir más, debemos lograr que se castigue con severidad a todos aquellos involucrados en los actos ilícitos: los que se roban el combustible de los ductos de Pemex para después vendérselo a los propios gasolineros; los distribuidores genéricos que importan sustancias baratas para adulterar las gasolinas, que dañan los motores de los autos; los transportistas del combustible -que a mitad son propiedad de privados y de Pemex- que facturan un volumen menor al que les entregan en las estaciones; los compradores mayoristas que no registran los volúmenes que compran. Las autoridades deberán enfrentar en serio a los grupos delictivos organizados. El Senado insistirá en sus iniciativas que elevan a graves, las penas al robo de gasolinas; esperamos la solidaridad de siempre de la Cámara de Diputados en este asunto que tanto lesiona el interés nacional. A las 16 horas del viernes me entero que se está clausurando una gasolinera en la ciudad de México, si ya se firmaron acuerdos y hay un proceso de diálogo en marcha, es improcedente que estén cancelando franquicias; entonces, para qué buscaron la mediación del Senado.