Además de ser robados, uno de los afectados recibió una golpiza que ameritó hospitalización
Exige la Permanente investigar actos discriminatorios en hotel de Los Cabos
El gerente del Presidente Intercontinental calumnió a dos huéspedes al decir que mantenían relaciones sexuales en la alberca; "aquí, las reglas las pongo yo", les advirtió
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobierno de Baja California a investigar a fondo actos discriminatorios contra ciudadanos mexicanos en el hotel Presidente Intercontinental de Los Cabos, Baja California Sur.
La propuesta presentada por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Inti Muñoz Santini, pretende resolver un hecho que atentó contra las garantías individuales de dos personas que fueron afectadas y discriminadas al manifestar, sin agravio de nadie, sus preferencias sexuales.
La argumentación del punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión refiere que Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur se encontraban nadando en la alberca del hotel Presidente Intercontinental de Los Cabos "y luego de darse un beso fueron interceptados violentamente por personal de vigilancia, quienes los golpearon, patearon y arrastraron por el piso hasta echarlos fuera del citado hotel, momento en el que se presentó el encargado de la gerencia, de nombre Christian Moguel, quien les dijo 'este es mi hotel y las reglas las pongo yo, y si a mí me dicen que estaban teniendo relaciones sexuales se tiene que ir, porque eso no está permitido'".
De tal forma, por indicaciones de la gerencia que les negó la entrada a su habitación, y el acceso a sus pertenencias -se las entregaron en la calle, incompletas y con dinero faltante-, fueron golpeados, "y de esa golpiza uno de los presuntos agraviados perdió el conocimiento, por lo que acudieron al hospital general de San José del Cabo, en donde el médico legista dio fe de las lesiones sufridas, y al día siguiente presentaron la denuncia de hechos ante la agencia del Ministerio Público del fuero común", radicada con el número 02049/ SJ/2005.
Las consideraciones que tomó en cuenta el Congreso de la Unión se fundamentan en asumir el suceso como "una presunta violación de derechos humanos", consagrados como garantía individual en el articulo uno de la Constitución, párrafo tercero, que a la letra dice:
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana".
A la par se contempla el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde se define que se entenderá "por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que basada en las preferencias sexuales, o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de las oportunidades de las personas".
Una vez enunciado el punto de acuerdo, y dada su relevancia, la Comisión Permanente exhortó a las autoridades de Baja California Sur a realizar una investigación sobre los hechos denunciados, y el hecho fue notificado al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con el propósito de actuar de conformidad con sus atribuciones.