Advierte que exigirá explicaciones por las irregularidades del proceso en su contra
El activista Martín Barrios, libre tras recibir perdón de la parte acusadora
Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, obtuvo su libertad la tarde de ayer luego de que el empresario textil Lucio Gil Zárate le otorgó el "perdón" por el delito de chantaje.
"Me meten a la cárcel sin explicación, y ahora sin explicación también me sacan", aseguró en entrevista con La Jornada, por lo cual se negó a aceptar los términos en que fue liberado. Pese a ello, autoridades del juzgado tercero de lo penal y del centro de readaptación social de esa entidad "me obligaron a salir, sin permitirme contar con la asesoría de mi abogado".
Agregó que exigirá una explicación por las irregularidades del proceso que se inició en su contra luego de que Gil Zárate afirmó en sus declaraciones ministeriales que el activista acudió hasta su domicilio el pasado 22 de diciembre para exigirle 150 mil pesos por desactivar un movimiento de 165 obreros de la extinta empresa Calidad en Confecciones -propiedad de Gil-, quienes exigían ser liquidados conforme a derecho.
Señaló que Armando Toxqui, subsecretario de Asuntos Jurídicos del estado, lo llamó para informarle que el gobierno poblano "obligó" al maquilero a otorgarle el perdón. Molesto ante la situación, se negó a firmar el acta de libertad a pesar de las presiones de autoridades penitenciarias.
Reveló que autoridades del penal de San Miguel le aseguraron que debía abandonar las instalaciones penitenciarias, pues de lo contrario incurrirían en el delito de privación ilegal de la libertad.
Barrios, quien fundó en 1995 la comisión mencionada con el objetivo de actuar a favor de los obreros indígenas del Valle de Tehuacán, Puebla, afirmó: "nunca hablé con mi defensa, no íbamos a aceptar la figura (jurídica) del perdón porque no hice nada".
El también consejero electoral en Puebla y autor de la investigación Tehuacán: del calzón de manta a los blue jeans, consideró que su liberación fue resultado de la enorme presión a la que fue sometido el gobierno estatal por intelectuales, activistas, organizaciones no gubernamentales, obreros y defensores de los derechos humanos, dentro y fuera del país.
El gobernador Mario Marín Torres "cedió a la presión" porque "quiere llegar sin problemas a su informe (de gobierno) del próximo domingo". Aseguró que el mandatario es "un cacique" porque no permite la división de poderes en la entidad, al tener a su "disposición" al Judicial.
Agregó que ante su negativa a abandonar la cárcel se presentaron cinco custodios y le dijeron que tenía que salir "a como diera lugar", sin darle tiempo de recoger sus pertenencias. Los guardias lo escoltaron hasta a la salida, donde lo esperaban sus familiares, quienes lo iban a visitar.
Agregó que la intervención del subsecretario Toxqui demuestra claramente que el gobierno siempre estuvo detrás de su encierro, obedeciendo a los intereses de los maquiladores.
Advirtió que continuará con sus actividades a favor de los obreros, y aseguró que estará presente el próximo domingo durante el primer informe de labores del gobernador Marín Torres para "pedirle cuentas".
Acción arbitraria
Por su parte, Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, aseguró que la figura jurídica del perdón era la "única alternativa legal" que tenía el gobierno estatal para salir "del enredo en que se metió con la aprehensión del activista".
Debido a que el chantaje es un delito que se persigue por querella, indicó, al otorgar el perdón del ofendido se interrumpe el proceso jurídico, pero sin que se esclarezca "si las acusaciones fueron formuladas con dolo o fabricadas".
Añadió que jurídicamente el perdón no puede ser revocado, y tiene como característica que puede ser otorgado sin que el indiciado tenga voz y voto, es decir, "se convierte en una medida unilateral y arbitraria, en la que la autoridad responsable ejerce todo el control".