Asesorada por el consulado mexicano, interpondrá una demanda civil
Familia del migrante asesinado exige una indemnización de 20 millones de dólares
Reconocen autoridades de BC que entregaron a EU información de Guillermo Martínez
Tijuana, BC, 6 de enero. La familia de Guillermo Martínez Rodríguez anunció que interpondrá una denuncia civil por 20 millones de dólares contra el gobierno de Estados Unidos por el asesinato del migrante a manos de un policía de la Patrulla Fronteriza la víspera de Año Nuevo. Los deudos contarán con asesoría del consulado de México en San Diego.
Trascendió que el despacho Singleton y Asociados, de San Diego, California, será el encargado de presentar el recurso legal.
Agustín Martínez, testigo de los hechos ocurridos la noche del 30 de diciembre, dijo que esta acción se realizará en los próximos días, por lo que el consulado general de México en San Diego ya designó el cuerpo de abogados que se hará cargo del recurso legal.
Martínez Rodríguez asistió a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), donde Ofelia Rodríguez (madre del migrante) acudiría, a las 10 de la mañana, a la mesa 11 de la agencia del Ministerio Público Federal para confirmar sus declaraciones. Sin embargo, la comparecencia tuvo que posponerse de nueva cuenta debido a problemas de salud de la mujer.
En la averiguación previa iniciada por la PGR en este caso han declarado Agustín Martínez Rodríguez y una vecina del fallecido que fue testigo de la agresión policiaca, y que algunos medios de comunicación y agencias confundieron con Mayra, la viuda de Guillermo Martínez.
Por otra parte, la policía de San Diego obtuvo un permiso especial para que Agustín Martínez Rodríguez pueda cruzar legalmente a Estados Unidos para participar en la investigación que se efectúa en ese país.
Debido a esa autorización, la noche del jueves estuvo presente en la reconstrucción de hechos que se realizó en el cañón Zapata, justo en el vado donde su hermano fue perseguido por el oficial Faustino Campos, quien lo hirió de muerte por la espalda.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza también su propia investigación, por lo que ha acudido a esa área de la colonia Libertad a recabar información testimonial y conjuntar un banco de imágenes para su informe. Durante una semana, el visitador de la CNDH, Mauricio Farah, permaneció en Tijuana para emprender el trabajo conjunto con el coordinador regional Heriberto García.
Se espera que en breve la oficina del ombudsman mexicano solicite información de éste y otros casos de violación de derechos humanos por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la PGR.
En tanto, elementos de la Procuraduría de Justicia de Baja California reconocieron haber proporcionado a corporaciones policiacas de EU la información dactiloscópica oficial de Guillermo Martínez, que a la postre fue utilizada para incriminarlo como traficante de indocumentados. El procurador Antonio Martínez Luna había negado esa colaboración.