Editorial
La ceguera de la justicia en México
Ayer viernes, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal inició una investigación contra la juez 15 penal, Beatriz Elena Moreno Cárdenas, y el secretario de acuerdos del juzgado, Miguel Angel Pérez Camacho, para determinar si incurrieron en irregularidades en su decisión de liberar al líder sindical Ramón Salvador Gámez Martínez acusado de corrupción de menores a pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) presentó pruebas consideradas irrefutables sobre su culpabilidad. Si bien la decisión del consejo es loable, este caso es tan sólo una de las muchas denuncias hechas por autoridades capitalinas donde se sospecha de actos de corrupción de los funcionarios encargados de la impartición de justicia.
De acuerdo con la PGJDF, Gámez Martínez dirigente sindical conocido por su lujoso tren de vida, que incluye safaris en Africa contrataba adolescentes de entre 15 y 17 años de edad con el pretexto de realizar trabajos de oficina, pero en realidad las corrompía, ya que les pagaba entre 600 y dos mil pesos por mantener relaciones sexuales. Para sustentar esta acusación, la PGJDF presentó los textos en los cuales las víctimas se comprometían a cumplir lo pactado con el líder sindical y fotografías descubiertas en su computadora en las que las adolescentes aparecían desnudas, entre otros elementos.
Sin embargo, para el juzgado 15 estas evidencias no fueron suficientes para demostrar la comisión del delito. En la sentencia absolutoria se argumentó que el inculpado padece diabetes y disfunción eréctil, por lo que no pudo consumar el delito de violación, aunque posteriormente se sostiene que los actos sexuales de Gámez Martínez con las menores de edad se llevaron a cabo con el consentimiento de éstas. Además, la juez Moreno Cárdenas afirmó que las jóvenes cayeron en contradicciones en sus declaraciones.
Ante esta situación, cabe preguntarse qué está pasando con la justicia en México. Por un lado, las leyes nacionales permiten que se decreten fallos contra todo sentido común: ¿cómo es posible que se deje en libertad a un hombre a quien se le demostró que pagó dinero a menores de edad para tener relaciones sexuales? Hay que señalar que el acto sexual con niños o adolescentes está penalizado en nuestro país sin importar que sea consentido o forzado, y este delito figura en los tratados internacionales contra la pornografía suscritos por México, por lo que la sentencia que absolvió a Gámez Martínez viola dichos acuerdos, sin contar que es una burla para las víctimas debido a que garantiza la impunidad del acusado.
Por otro lado, existe la sospecha de que el secretario Pérez Camacho, quien emitió la sentencia, y la juez Moreno Cárdenas, que avaló esa decisión, hayan cometido delitos contra la administración de justicia. Como recordó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, el fallo se dio en pleno periodo vacacional, el 22 de diciembre, vieja práctica en los juzgados para que sean los subalternos los que emitan "sentencias de esa naturaleza, donde por lo general no son transparentes las resoluciones". Adicionalmente, en otros casos similares, este mismo juzgado ha condenado a personas de menores recursos económicos, contradicción que ha provocado que la PGJDF haya solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre las cuentas de Pérez Camacho ante la posibilidad de que el líder sindical hubiera "presionado" al funcionario.
Lo peor de todo es que esta investigación no es un hecho aislado: en 2005 la PGJDF inició 76 averiguaciones previas contra jueces y magistrados por delitos de prevaricado, denegación, retardo o contra la administración de justicia, lo que pudiera revelar una extendida corrupción del Poder Judicial. En resumen, es indispensable que las autoridades ataquen con firmeza las deficiencias en el sistema de justicia para acabar con el flagelo de la impunidad y apuntalar la confianza de la ciudadanía en sus tribunales, la cual cada vez está más deteriorada.